La evidencia científica muestra que los efectos y daños de los tipos de violencia que enfrentan niñas, adolescentes y mujeres en los diferentes ámbitos, impactan con frecuencia en las distintas esferas de la vida de las personas y en su comunidad, más allá de los daños a la salud.
En ese contexto, la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) se une a las acciones para la eliminación de la violencia hacia las mujeres, las adolescentes y las niñas, a través de la campaña mundial de ONU Mujeres: 16 días de activismo contra la violencia de género.
En México, datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) de 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señalan que 70.1 por ciento de las mujeres entrevistadas de 15 años y más sufrió algún tipo de violencia alguna vez en la vida.
Asimismo, en el último año de la encuesta, una de cada tres reportó haber enfrentado violencia psicológica y una de cada cinco sufrió violencia sexual.
La encuesta refiere que 27.7 por ciento no solicitó apoyo o no denunció las agresiones físicas y/o sexuales de su pareja actual o de la última porque no lo consideró importante, y 22.2 por ciento no lo hizo por miedo a las consecuencias.
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, que se conmemora el 25 de noviembre, el CNEGSR precisa que durante los 16 días de activismo se fortalecen las acciones que garanticen acceso de las mujeres y las niñas a la atención de primer contacto, básica y especializada en las 32 entidades federativas, donde se brindan servicios de salud médicos y psicoemocionales de manera gratuita.
De acuerdo con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, las personas agredidas sexualmente deben recibir atención en las primeras 72 horas después del ataque, con el objetivo de evitar infecciones de transmisión sexual, incluido el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), y hasta 120 horas después de la violación, para la prescripción de pastillas de anticoncepción de emergencia, o siete días para colocar un dispositivo intrauterino y evitar un embarazo no deseado.
Las mujeres que no pudieron prevenir el embarazo como resultado de una violación sexual, a partir de los 12 años y bajo el amparo legal a nivel nacional, tienen derecho a recibir servicios de aborto seguro a través de la interrupción voluntaria del embarazo sin la necesidad de presentar una denuncia.
Asimismo, con el consentimiento de la usuaria, siempre que sea posible, los servicios de salud deben registrar evidencias médicas de la violación. Es importante que las niñas menores de 12 años vayan acompañadas por su madre, padre o tutor para consentir el acceso a este servicio, con absoluto respeto a sus derechos.
Cabe resaltar que la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 es obligatoria para las instituciones del Sistema Nacional de Salud, para las y los prestadores de servicios del sector público, social y privado, y su incumplimiento es causa de sanciones penales, civiles o administrativas.
La violencia contra las mujeres es un problema de salud pública con consecuencias que pueden ser inmediatas y agudas, duraderas y crónicas o incluso mortales; principalmente, cuando se sufre más de un tipo de violencia o episodios repetidos con el transcurso de la vida.