El gobierno federal ha acordado un descuento de 41 mil 496 millones de pesos con los empresarios a los que Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y hoy acusado de aceptar sobornos del cártel de Sinaloa, otorgó la construcción y operación de ocho penales federales.
En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, celebrada en el Museo Naval, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, explicó cuando inició esta administración, el gobierno federal aún debía pagar por estos penales privatizados 276 mil 619 millones de pesos a partir de 2021 y hasta que finalizaran los contratos, y que esto implicaba que el Estado pagaba por la manutención diaria de cada recluso hasta 6 mil pesos.
“Era como si estuvieran hospedados en hoteles de cinco estrellas”, comentó al respecto el presidente López Obrador.
La secretaria Rodríguez dijo que por instrucción de López Obrador el gobierno federal hizo distintas negociaciones con los empresarios que fueron contratados por García Luna, hoy preso en Estados Unidos a la espera de ser juzgado por sus posibles vínculos con el narcotráfico.
Como resultado de esas negociaciones, se modificaron los contratos entregados por el ex funcionario, y se ha conseguido que el pago que tendrá que hacer el gobierno federal pase de 276 mil 619 millones de pesos a 235 mil 123 millones, lo que significa un ahorro de 41 mil 496 millones de pesos.
Rodríguez reconoció que aún con estos descuentos acordados con los empresarios, el costo para el Estado de la manutención de los presos sigue siendo oneroso en algunos casos, pero aseguró que en términos generales ha bajado.
Agregó que en el caso del Penal federal de Papantla, cuyas obras tienen retrasos, “era un penal abandonado, pero que además, si me permite decirlo, fue inaugurado en el tiempo de García Luna, y se dio como que había sido echado a andar, pero eso era falso, a la fecha no se ha terminado”.
La obra se terminará, según se ha comprometido la empresa responsable, en marzo o abril de 2023, dijo la funcionaria federal.
López Obrador agregó que dado que hay sobrepoblación en siete de las 17 cárceles que integran el sistema penitenciario veracruzano, se ha acordado con el gobierno local el traslado de reos a penales federales ubicados en el estado. “Hoy mismo se ha dado la instrucción de resolver esto”, afirmó.
El gobernador Cuitláhuac García dijo que hay coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal para resolver el problema de la saturación de los penales y que se han trasladado a 210 presos.
La Jornada