El diputado Hamlet García Almaguer (Morena) sostuvo que la demanda de juicio político que interpuso el senador Germán Martínez ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, en contra de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, señalado por haber plagiado su tesis de licenciatura en la UNAM, tendrá que esperar su turno, pues los asuntos se resuelven de forma cronológica.
Hay un orden de los expedientes recibidos por la Subcomisión de Examen Previo y hay un principio general del derecho que dice que el que es primero en tiempo, es primero en derecho, eso significa que por regla procesal se tienen que desahogar las demandas que han sido interpuestas en orden cronológico en el que se desarrollan”, expuso.
No obstante, en declaraciones a la prensa señaló que el juicio político, conforme a la Constitución y las leyes secundarias, se puede presentar y analizar hasta un año después de que los servidores públicos de alto perfil han dejado el cargo, ya que, dijo, la primera consecuencia es la destitución y la segunda es la inhabilitación.
García Almaguer recordó que están pendientes los procesos de juicio político que se sigue a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, y pueden ser sujetos de esto hasta el 3 de abril de 2024.
Indicó que un caso a resolver con carácter de urgente podría ser en el supuesto de que un servidor público esté a punto de cumplir este año de haber dejado el cargo, entonces la demanda se tiene que resolver antes de que fenezca, de lo contrario, se caería incluso, en una responsabilidad por no haber atendido la demanda.
En ese sentido, comentó que la ministra Esquivel Mossa fue electa por un período amplio, por lo que el proceso de juicio político en su contra está en curso y tiene tiempo para ser revisado.
El diputado de Morena explicó que cualquier ciudadano puede presentar una demanda de juicio político, que tiene una finalidad administrativa, que es la destitución e inhabilitación de servidores públicos de alto perfil como legisladores, magistrados, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), gobernadores, entre otros.
En tanto, indicó, el proceso de desafuero tiene como objetivo quitarle la inmunidad a algún servidor público de alto perfil y busca que comparezca ante una autoridad jurisdiccional en materia penal y la separación es momentánea, mientras se desarrolla el juicio, porque en el Congreso no se puede resolver sobre la inocencia o culpabilidad de algún delito.