Un secuestro exprés del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y pagos millonarios mensuales del cártel de Sinaloa durante nueve años, fueron maneras con las que líderes de esa organización criminal establecían quién mandaba en México, según declaraciones del primer testigo de los fiscales en el juicio en Estados Unidos al ex supremo policía antinarcóticos.
Sergio El Grande Villarreal, el primer testigo de los fiscales federales en el juicio, continuó por segundo día este martes respondiendo al interrogatorio de los acusadores y la defensa.
Reveló que al estallar la guerra interna dentro del cártel de Sinaloa entre las fracciones de los hermanos Beltrán Leyva y la encabezada por Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán, García Luna informó a Arturo Beltrán Leyva que se mantendría “neutral”. El jefe narco enfureció y ordenó secuestrar al funcionario, aseguró el declarante.
El levantón
El testigo informó que García Luna fue interceptado y levantado en la carretera a Cocoyoc, Morelos, pese a viajar con escolta. Los secuestradores lo subieron a otro vehículo, en el que lo llevaron a una “oficina” para verse con Beltrán Leyva. Éste reprochó al secretario el arresto en 2008 de su hermano Alfredo, liberado después de unas horas.
Regresaron a García Luna al lugar del secuestro y Arturo continuó los pagos mensuales y la colaboración con el funcionario. Según El Grande, el secuestro exprés fue para mostrar “que no había nada imposible para Arturo” en México.
En respuestas a las dos partes en el juicio, el testigo declaró que los pagos eran de entre un millón y millón y medio de dólares mensuales al inicio de 2001, cuando García Luna era jefe de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Durante los siguientes nueve años, con el crecimiento del cártel, las entregas llegaron a ser de hasta 3 millones de dólares, cuando García Luna ya era secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón.
En el debate judicial entre fiscales federales y abogados defensores sobre si García Luna es o no culpable de aceptar sobornos multimillonarios cuando ocupaba los máximos puestos de seguridad pública y de participar en una conspiración de narcotráfico, el interrogatorio del primer testigo se enfocó en el periodo de 2006 a 2012, cuando el acusado ocupaba el puesto en el gabinete presidencial.
El Grande declaró que los pagos continuaban, pero que a partir de 2006, con el ascenso de García Luna a secretario de Seguridad Pública, ya no había reuniones personales y menos llamadas por radio entre el funcionario y Arturo Beltrán Leyva.
Los pagos mensuales, sostuvo Villarreal, ahora se hacían a través del brazo derecho del secretario, Luis Cárdenas Palomino.
Crece el negocio, estalla la violencia
Agregó que al crecer el negocio y con un cómplice en el nuevo puesto, el cártel tuvo más control sobre carreteras nacionales, aeropuertos y puertos marítimos y el acusado seguía informando al grupo delictivo sobre operativos, cateos e inteligencia de otras agencias, todo a través de Cárdenas Palomino.
Villarreal ofreció como ejemplo que les dieron un pitazo sobre un operativo que se estaba preparando para arrestar a Édgar La Barbie Valdés Villarreal en su boda. “Nadie fue a la boda, ni él. Sólo llegó el gobierno”, comentó El Grande.
Según la declaración, García Luna también facilitó la entrega al cártel de equipo electrónico para interceptar comunicaciones, a través de un contacto israelí en México.
Pero también se incrementó la violencia entre rivales del cártel de Sinaloa, sobre todo con las organizaciones del Golfo y Los Zetas. “Secuestraron a mi hermano”, contó El Grande. “Entonces yo secuestré el contador de Los Zetas”.
En 2006, en Cuernavaca, negociaron una tregua Los Zetas, La familia michoacana y sus otros aliados por un lado y el cártel de Sinaloa (sin El Chapo), por el otro. “Se repartió el país” entre los presentes.
Sin embargo, una serie de incidentes no sólo rompió la tregua entre rivales, sino que provocó la ruptura violenta dentro del cártel de Sinaloa, la cual culminó con la eliminación de los Beltrán Leyva.
La caída de El Grande
El Grande sería capturado en su casa de Puebla en septiembre de 2010 por la Marina. De inmediato le pidió a un almirante encapuchado que le dejara hablar con la DEA (la agencia estadunidense antidrogas). Comentó que al principio no habló de lo que sabía de García Luna porque temía por su vida.
En 2012 fue extraditado a Estados Unidos, acusado de conspiración para traficar cocaína y lavado de dinero. Se declaró culpable bajo un acuerdo de cooperación con fiscales federales y recibió una sentencia de 10 años de prisión. Con algunas reducciones de esa condena, ya cumplió el periodo de encarcelamiento y está libre bajo supervisión.
En su interrogatorio, César de Castro, abogado del acusado, intentó mostrar la brutalidad extrema de El Grande y sus socios. Le preguntó si había participado en asesinatos, torturas, secuestros, desapariciones y agresiones violentas de todo enemigo del cártel –tanto sus rivales como autoridades– y si sabía “cuántos ya no respiran más en este mundo por usted”.
Para el jurado seguramente fueron espeluznantes los repetidos y terribles “sí” del testigo, sobre si había participado o por lo menos atestiguado todo tipo de actos brutales, como “volarle la cabeza a dos mujeres”, estrangulamientos, enterramiento de personas vivas y otros extremos, que el propio Villarreal calificó de “sádicos”.
La violencia entre rivales y enemigos, declaró El Grande, “no fue personal, era supervivencia”. Pero insistió en que en buena medida también “había reglas”.
La aparente estrategia de la defensa era pintar a un testigo capaz de actos tan terribles, que a cambio de una condena reducida está más que dispuesto a participar en el juicio contra García Luna.
Insiste la defensa en que no hay pruebas
En la línea que anunció en la apertura, De Castro enfatizó que no existen pruebas que corroboren los cargos criminales contra su cliente, más allá de las declaraciones de testigos como El Grande. Al interrogarlo le recordó que en otro momento había informado a los fiscales de que su jefe, Arturo Beltrán Leyva, acostumbraba grabar conversaciones con socios, incluyendo políticos, y que lo había hecho en sus reuniones con García Luna, pero que Villarreal no había entregado ninguna grabación audio o video a los fiscales.
El testigo sólo respondió: “yo nunca los tuve; no entregué nada”.
Así concluyó la sesión y se invitó al segundo testigo en este juicio, el ex narcotraficante Tirso Martínez Sánchez, El futbolista, operador de medio nivel del cártel de Sinaloa, encargado de usar carros tanque en trenes para ingresar toneladas de cocaína de México a Los Ángeles, Chicago y Nueva York.
Al parecer ayudará a los fiscales a establecer cómo el acusado fue parte de la conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos, pero su testimonio hasta ahora ha dejado somnoliento al jurado y al público (incluyendo periodistas).
La Jornada