El Instituto Nacional Electoral, tiene su antecedente institucional inmediato en el Instituto Federal Electoral qie se creó en octubre de 1990 para aplacar e institucionalizar la lucha democrático electoral después del fraude en las elecciones de 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas; y se declaró autónomo en agosto de 1996. El INE se convirtió en una de esas instituciones de la sopa de letras de instancias autónomas que se formaron en la década de los noventa para acotar al poder legislativo y al poder ejecutivo, apoyadas abiertamente por la Suprema Corte, cúspide del reaccionario conservadurismo del poder judicial.
Así, se han registrado en las más de dos décadas que van de este siglo, múltiples sentencias y amparos de las diversas supremas cortes en Nuestra América que han favorecido los intereses de las oligarquías y del imperialismo, en contra de la soberanía nacional y en contra de los derechos ciudadanos. Incluso en Estados Unidos el 24 de junio del año pasado, la Suprema Corte canceló el derecho de las mujeres al aborto.
Con los amparos y la actuación del poder judicial -jueces y suprema corte- se abrió la llamada guerra judicial que en Nuestra América es eje central de una guerra de amplio espectro, guerra híbrida, e incluye, además, la activa participación de los todos medios de comunicación, hasta las redes sociales.
En el caso de México, esta guerra judicial se inició desde el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en junio de 2018, se intensificó con la propuesta de reforma constitucional para recuperar la soberanía sobre el sector eléctrico, privatizado y descuartizado durante el neoliberalismo, que fue frenada amparo tras amparo y fue rechazada en la Cámara de Diputados por los diputados de los partidos de oposición.
Hoy, la Suprema Corte, con una presidencia que tiene el cuestionamiento popular, toma partido por la presunta democracia electoral para que el INE no se toque.
Aparte del conservadurismo y su abierta toma de posición partidaria viola la Constitución. Como hoy señala Pablo Gómez, el artículo 105 fracción I, establece que la suprema corte no puede admitir controversias en el ámbito electoral. Esto la llevaría a una subversión del orden constitucional.
Esta decisión anticonstitucional tiene tanto el objetivo de mantener los privilegios monetarios de la “élite dorada” antidemocrática del INE, que se extienden a la misma Suprema Corte y demás organismo autónomos, como frenar los posibles cambios democráticos que puedan registrarse en el funcionamiento del INE con el cambio de la presidencia y la incorporación de los nuevos consejeros.
Ya se van Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. Ya se fue su cómplice mayor, Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo durante 13 años que manejaba discrecionalmente los dineros del INE. Y no se fueron sin pelear judicialmente y sin el extremo de Córdoba de ir a Washington a llorar como plañidera ante organismos intervencionistas y a presentarse con el impresentable Almagro, a cargo de la OEA, que ha cometido, en la dos últimas décadas, varios ataques contra la democracia popular en Nuestra América.
La democracia no es el INE. La democracia es la participación popular y en ella reside, como dijo AMLO, el tercer plan por una reforma electoral y una reforma judicial genuinamente democráticas. Ya nos encontraremos en junio del 2024.