El martes 4 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la compra de 13 plantas eléctricas de Iberdrola, con lo que pasaremos a generar el 55.5% de la electricidad que se consume en el país y, con ello, la renacionalización de la energía eléctrica. La política neoliberal llevó a la privatización creciente de la electricidad, con fraudes de por medio, para llevar a la desaparición de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y apenas si generaba a principios de este año el 39.5% de la demanda nacional.
Siempre hay que tener presente el discurso del presidente Adolfo López Mateos cuando nacionalizó esta industria el 27 de septiembre de 1960.
“Les devuelvo la energía eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la Nación, pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás, fue la consigna de Don Lázaro Cárdenas del Río, al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna a la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la Nación que conformamos”
“Solo un traidor entrega su país a los extranjeros; los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extrajeras que nos vaciaron el país. Pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. En México la Constitución es muy clara: los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria”.
Durante este sexenio la ofensiva neoliberal contra la 4T ha sido implacable, de guerra judicial a otros medios configurando una guerra híbrida. De amparo en amparo, de rechazos paralíticos de la derecha en el congreso con participación de agentes extranjeros a reformas constitucionales, de una intensa y cotidiana ofensiva mediática y marchas rosas y azules de oligarcas y representantes con el PRIANRD, la derecha se tropieza consigo misma.
Ahora, frente a la compra de las 13 plantas de Iberdrola se enreda más y gritan sus voceros y representantes “chatarra” a lo que hace dos años defendían como empresas maravillosas, productoras de energía limpia.
La guerra Rusia-OTAN-Ucrania, abierta desde el 22 de febrero del año pasado, profundizó la crisis energética global y desató una espiral inflacionaria en el mundo. La respuesta europea, arrastrada por la estadounidense, fue un búmeran que rebotó en la misma Europa en medio del frío invierno y enfrentó un fuerte rechazo popular. Se abrió, entonces, el debate sobre la empresa pública de electricidad en esos países.
En España, el gobierno de Pedro Sánchez del partido socialista enfrentó no sólo los exorbitantes precios de Iberdrola que impone precios según la demanda a lo largo del día; también su evasión de impuestos y fraudes conexos.
En nuestro país, la política económica de la 4T ha tenido como uno de sus ejes estratégicos la recuperación de la soberanía energética nacional y mantener los precios bajos, los mismos precios constantes de la gasolina y la luz.
Hoy se avanza, una vez más, en consolidar la rectoría del Estado sobre la industria eléctrica.