“La seguridad pública es y seguirá siendo una prioridad de nuestro gobierno para garantizar la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo, algo que hemos venido logrando como lo demuestra la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al exponer su postura sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no permitir que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En conferencia de prensa matutina, el mandatario sostuvo que la Guardia Nacional continuará recibiendo la orientación, la formación profesional y el respaldo por parte de la Sedena.
“La Constitución establece que la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina pueden ayudar en tareas de seguridad pública y necesitamos unir voluntades, esfuerzos, recursos para proteger a los mexicanos. Eso es fundamental y es prioritario”, enfatizó.
Como parte de los cinco puntos de su pronunciamiento, el jefe del Ejecutivo anunció que, con el objetivo de mantener el buen funcionamiento y la consolidación de la Guardia Nacional, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, recorrerá todas las instalaciones y cuarteles de la Guardia Nacional en la República para informar a los 130 mil elementos que mantendrán sus salarios, prestaciones y ascensos en las mismas condiciones que los integrantes de las Fuerzas Armadas.
La titular de la SSPC también deberá mantener como comandante de la corporación al general retirado, David Córdova Campos, por su buen desempeño.
Informó que el 1 de septiembre de 2024, antes de terminar su mandato y cuando ya esté en funciones la nueva legislatura, presentará una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Sedena.
Espera, dijo, que la aprueben antes del último día de su gestión como presidente de México.
“Que pueda yo dejar esta reforma constitucional que es importantísima porque es un blindaje para que no vaya a suceder lo que se padeció, que la seguridad pública estaba en manos de la delincuencia”, aseveró.
Sostuvo que en la resolución de ayer en la SCJN, ocho ministros —a excepción de tres—actuaron de manera facciosa y no tuvieron criterio jurídico sino político.
Acusó que defendieron “las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto caracterizadas por la injusticia, el contubernio y la subordinación de las autoridades a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco”.
El presidente López Obrador señaló que los ministros están al servicio de las cúpulas de poder y no de la mayoría del pueblo de México.