El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró la propuesta de rescate y compra de 2 mil 400 hectáreas a la filial SAC-TUN —antes Calica— de Vulcan Materials, empresa estadounidense que durante 36 años ha explotado sin medida mil 200 hectáreas de selva, ríos subterráneos, cenotes y manglares en Quintana Roo para extraer roca caliza y exportarla a Estados Unidos.
Por varias décadas, la empresa Sac-Tun realizó voladuras para romper el suelo kárstico hasta 11 metros por debajo del nivel freático; el uso continuo de explosivos contaminó el agua con nitratos y otras sustancias.
La actividad minera acabó con la diversidad del sitio al afectar 942 especies: 529 de fauna y 413 de flora, incluidas algunas en peligro de extinción.
Se trata del mayor desastre ecológico causado por una empresa extranjera en la Península de Yucatán y sobre todo en la Riviera Maya.
Sac-Tun incurrió en otra acción ilegal con la retención de agua subterránea en 4.24 kilómetros cuadrados, es decir, más de 40 millones de metros cúbicos; la concesión a la empresa fue por apenas 1.7 millones de metros cúbicos, lo que significa que empleó 20 veces más el volumen que tenía autorizado. Esto provocó el colapso de cavernas, así como hundimientos en la zona.
La compañía explotó roca caliza desde 1986, violando las normas ambientales y los permisos otorgados por las autoridades. Hasta ahora, no ha realizado obras de remediación ambiental en la zona, a pesar de los evidentes daños provocados a la naturaleza.
“Ellos (los estadounidenses) siempre hablan que les preocupa mucho lo del cambio climático, ¿qué más apoyo para conservar el medio ambiente que aceptar un acuerdo como el que les estamos proponiendo?”, cuestionó el presidente ante representantes de medios de comunicación.
“Se destruyó el territorio, toda esa zona y vamos a defender que ya no se pueda seguir utilizando como banco de material esta zona. Además, tienen cerca de 2 mil hectáreas más concesionadas y es selva. No es posible permitir que sigan explotando”, agregó.
Al encabezar la conferencia de prensa matutina en Quintana Roo, el mandatario indicó que, a la fecha, el Gobierno de México no ha recibido respuesta de la firma estadounidense. Sin embargo, aseguró que “nosotros no vamos a dejar este asunto en suspenso. Antes de irnos, vamos a tomar una decisión legal, completamente legal, entonces ojalá y ayuden, que haya una respuesta”.
Recordó que el Gobierno de México está dispuesto a comprar todo el terreno. De acuerdo con el avalúo pagaría entre 6 mil u 8 mil millones de pesos por las más de 2 mil hectáreas.
Al concretarse la operación, el Gobierno de la Cuarta Transformación convertirá los terrenos de selva y manglar en reserva natural protegida. En la superficie dañada por la extracción desmedida de materiales pétreos se hará un proyecto ecoturístico en Playa del Carmen.
El mandatario detalló que existe una denuncia internacional por la clausura de este lugar; la empresa aduce que esta acción fue ilegal, sin embargo, el Gobierno de México mantiene su firme postura de priorizar el interés público por encima del privado.