Rafa Buelna
“A qué tanto brinco estando el suelo tan parejo”
El tema mediático actual es la asignación de diputaciones y senadurías por el principio de Representación Proporcional (RP), los mejor conocidos como plurinominales. Este asunto ha cobrado relevancia, no porque los políticos lo consideren digno de debatir de cara a una posible Reforma Electoral, sino porque en el fondo subyacen las reformas que la mayoría en el Congreso de la Unión podría hacer a la Constitución Mexicana, especialmente la anunciada reforma al Poder Judicial.
Un poco de historia: en 2006, 2012 y 2018 el tema no se discutió mediáticamente. En la elección de 2006, por ejemplo, el Partido Acción Nacional (PAN) tuvo una sobrerrepresentación en la Cámara de 5.9 puntos porcentuales, la cual caía en el supuesto de no tener más del 8 por ciento de sobrerrepresentación, tal como lo marca la ley.
La historia se repitió en 2012, con diferentes actores políticos. El PRI y su aliado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ganaron la presidencia de la República, entonces recibieron el 40% de los votos válidos en la elección de diputados federales y se les asignaron 241 escaños, resultando una sobrerrepresentación de 8.2%, por encima del 8% permitido por el artículo 54, fracción IV, de la Constitución; sin embargo, el tema no se discutió porque la ley se refiere a partidos políticos, no a coaliciones.
En 2018, la situación continuó igual. El PRI, PAN y PRD, confiados en su posición, no modificaron el artículo 54 Constitucional, creyendo que siempre estarían en una posición ventajosa.
¡Sorpresa! Ese mismo año, Morena y sus aliados (PES y PT) arrasaron en las elecciones, provocando un “tsunami electoral” inesperado para los perdedores, obteniendo el 61.6% de los escaños en la Cámara Baja, lo que significaba una sobrerrepresentación de 16.4 puntos porcentuales según algunos opinadores y comentócratas actuales. Pero otra vez, nadie dijo nada, porque la ley no prevé la sobrerrepresentación de coaliciones, solo de partidos.
Pero no fue el único caso en 2018. Según los mismos argumentos esgrimidos ahora, el PRI y sus aliados (PANAL y PVEM) también tuvieron una sobrerrepresentación del 12.2%, sin que nadie lo cuestionara, porque una vez más se trataba de una coalición, no de partidos de manera individual.
Es importante recordar que el tema de la sobrerrepresentación nunca se puso sobre la mesa ni fue discutido por los consejeros electorales. Se determinó conforme a la fórmula establecida en la Constitución Mexicana, por partido político, no por coaliciones, como debe hacerlo el INE de acuerdo con la ley.
Ahora, los mismos que aplicaron la fórmula y la regla constitucional se quejan, como el exconsejero electoral, Ciro Murayama, quien, por cierto, no es abogado sino economista, y que parece olvidar que él fue parte de las decisiones del pasado cuando nadie dijo nada en torno a la sobrerrepresentación.
Hoy, con mala intención, se busca descalificar a la instancia electoral presionando a sus once consejeros por lo que pudiera ocurrir en la asignación de diputados de RP.
Hay varios aspectos que destacar en torno a este tema. Por una parte, ninguna fuerza política ha dicho abiertamente cuántas curules de RP les tocarán. Todos conocen la fórmula y ya lo saben en sus cuartos de guerra, pero no lo dicen porque no les favorece. Por ello, han dejado en manos de los opinadores afines a sus intereses este tema y han desatado un falso debate que, en realidad, tiene un trasfondo político relacionado con las reformas constitucionales que propone el Ejecutivo.
En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, conocedores de la fórmula y de sus derechos, han salido a explicar cuántos diputados tendrá cada fuerza política. Quizás no guste que ellos sean quienes lo expliquen, pero nada se los impide en el marco legal.
Lo grave es que las declaraciones de ambos coinciden con las proyecciones de todos los actores políticos, y estarán muy cercanas a las que anuncie INE en agosto, lo que le daría la mayoría calificada en la Cámara de Diputados a Morena y sus aliados. Esto no gusta a la oposición, ya que, bajo ese escenario, serían aprobadas las reformas a la Constitución propuestas por el presidente López Obrador.
En estas circunstancias prefieren lanzar a sus opinadores a un falso debate, pidiendo que la Constitución sea interpretada por los consejeros electorales, cuando ésta jamás ha sido cuestionada en materia de asignación de diputados de RP. Aprovechan entonces para arremeter contra el INE cuando esta instancia técnica no tiene facultades para interpretar la ley. Tocará a la instancia jurisdiccional, es decir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), resolver dicha polémica que, hay que subrayarlo, no compete a los once consejeros del Instituto Nacional Electoral.
Como lo mencioné al principio, lo que anima a los detractores del árbitro electoral tiene un fondo político. Y como dicen los abogados, no ha lugar la discusión sobre la asignación de los cargos de Representación Proporcional; se trata más bien de una artimaña política de una oposición que no reconoce su clara derrota en las urnas y las consecuencias del apabullante resultado de la pasada Jornada Electoral.
