El martes 10 de julio de 2018, a poco más de una semana de la intensa jornada de los comicios federales y estatales, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, afirmó con optimismo ante el periódico El Universal que los “teóricos del fraude se quedaron sin materia y lo que hoy tenemos es la reivindicación de que México se probó una vez más de manera consistente, irrefutable desde mi punto de vista, que las condiciones democráticas de nuestro sistema electoral estaban dadas”. (El Universal, 10 de julio, 2018, p. 6A).
El optimismo del presidente del Consejo General del INE fue desbordado. Todo parecía haber salido mucho mejor que los escenarios más optimistas, incluso. Hubo un claro ganador, los otros adversarios admitieron su derrota y se puso en operación una transición “tersa” del gobierno saliente de Enrique Peña Nieto hacia el futuro presidente Andrés Manuel López Obrador.
La fiesta democrática de aquel domingo 1 de julio opacó el otro rostro de las campañas que se fue documentando a cuentagotas, como una realidad que desbordaba a los partidos, a los candidatos y, por supuesto, a los cuerpos de seguridad responsables de procurar justicia.
Lorenzo Córdova no mencionó en esa ni en ninguna otra entrevista el fenómeno que manchó toda la precampaña y la campaña electoral: la contienda del 2018 fue, con mucho, la más violenta en la historia reciente del país. El mismo 1 de julio, se registraron al menos 138 agresiones y 7 asesinatos en 26 entidades del país, según el informe de Consulta Etellekt, un organismo que acaparó la atención con sus siete informes sobre progresión de los homicidios y ataques entre septiembre de 2017 y junio de 2018. “Situación que puede comprometer a futuro la seguridad personal de las nuevas autoridades y funcionarios, principalmente del nivel municipal”, advirtió la consultora.
El séptimo informe sobre Violencia Política de Etellekt reveló que la violencia en 2017- 2018 fue 11 veces mayor a la registrada en las campañas del 2011-2012: hubo un total de 774 agresiones contra políticos y 429 contra funcionarios no electos, es decir, funcionarios designados cuyos cargos de responsabilidad no dependían del proceso electoral.
Estas agresiones sumaron un total de 152 asesinatos a políticos, 48 de ellos fueron precandidatos y candidatos a distintos cargos locales (alcaldes, regidores, diputados locales), y 371 funcionarios asesinados, una cifra récord en la historia reciente del país.
De estas 774 agresiones, el 20 por ciento fueron homicidios; el 36 por ciento amenazas e intimidaciones; 16 por ciento agresiones físicas; 8 por ciento agresiones con armas de fuego; 6 por ciento asaltos con violencia.
La explicación de las autoridades federales, como la del propio comisionado nacional de seguridad pública, Renato Salas, o la del mismo presidente Enrique Peña Nieto, responsabilizaba este nivel de violencia a la disputa genera entre los cárteles del crimen organizado en todo el país. Era el “clima de violencia general” y no el proceso electoral lo que explicaba este fenómeno que llamó la atención mundial.
El mismo día que el presidente Enrique Peña Nieto lanzó su vigésimo discurso de automotivación política, el 20 de mayo, diciendo que los mexicanos “nos autoflagelamos, decimos que estamos mal y en un escenario crítico”, tres aspirantes a puestos de elección popular se sumaron a la lista de 102 asesinatos contra políticos y candidatos políticos de todo el país.
Ante la Asociación Nacional de Usuarios de Riesgo (ANUR), Peña Nieto insistió en que existen avances y presumió cifras de generación de empleo, mientras el sindicato patronal de la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) le exigieron a su gobierno frenar la violencia y el crimen “nunca antes vistos”.
“La inseguridad está causando un severo daño económico, un impacto sobre la capacidad de nuestro país para atraer inversiones, generar empleos y desarrollar un círculo virtuoso de pacificación a partir de la generación de riqueza”, advirtió Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex.
El reproche para el primer mandatario fue muy clara: la violencia generalizada no se trata de “flagelación” sino de una realidad tremenda. El cierre del sexenio de Peña Nieto es el peor en cuanto a niveles de violencia, inseguridad y crímenes en los últimos 18 años: hay 90 ejecuciones diarias, 25 por ciento más que en el mismo lapso de 2017; el robo a combustible creció 34 por ciento en marzo y el robo a mercancías es 108 por ciento mayor que en el primer trimestre de 2016 y 65 por ciento más que en 2017.
Esta violencia, por supuesto, permeó en las campañas electorales, pero se insistió en minimizar su vinculación con la narcopolítica y la corrupción que permeaba a los distintos niveles de gobierno. ¿Cómo iban a admitir el presidente de la República o el consejero presidente del INE que el crimen también “jugó” con sus propias apuestas en esta contienda?
Las mismas cifras y datos aportados por Renato Sales, consejero de seguridad pública, contrastaron con el recuento de consultoras como Etellekt o el seguimiento de los propios medios impresos. El 14 de junio, Sales dijo que sumaban 95 los políticos asesinados, de los cuales, 41 eran candidatos, cuando Etellekt afirmó que tenía un total de 113 homicidios a políticos, 44 de ellos candidatos.
Matar para imponer
Matar adversarios políticos se convirtió en un peligroso “negocio” y en un modus operandi que tiñó a toda la contienda federal y a los comicios estatales y municipales de un color rojo imparable, especialmente en 11 entidades, del centro-sur del país.
La misma presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malassis, advirtió en entrevista con Proceso que este nivel de violencia era más preocupante que el mismo conflicto poselectoral porque “demostraba que de antemano los grupos criminales estaban dispuestos a imponer funcionarios, especialmente alcaldes y regidores afines” desde antes de las urnas.
En algunos casos los crímenes se cometieron en acuerdo con los partidos políticos. En otros casos, el homicidio o la agresión fue el mensaje intimidatorio para los partidos o para los que apoyaban a los candidatos.
Los estados con mayor número de crímenes a aspirantes a cargos de elección popular fueron Puebla y Guerrero. En el primero, la disputa por la gubernatura y las alcaldías demostró el nivel de agresividad del cacicazgo de Rafael Moreno Valle. Ahí fueron un total de 125 agresiones a políticos, de los cuales 15 fueron asesinados.
En Guerrero, el número de homicidios a políticos se elevó a 29, incluyendo varios candidatos a alcaldes y regidores, con un elevado número de mujeres asesinadas: 5 candidatas.
Guerrero también es la entidad con mayor número de cárteles de la droga y grupos armados que se disputan regionalmente la entidad. Un reporte del gobierno de Héctor Astudillo, del 27 de junio, reveló que existen 19 “grupos civiles armados” que operan en el 50 por ciento del territorio estatal -40 de los 81 municipios- donde 18 bandas criminales se disputan el control de las zonas de producción, trasiego y venta de drogas en las 7 regiones de la entidad. (Proceso, 27 de junio 2018, reportaje de Ezequiel Flores).
Además de la fuerte presencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que aglutina a policías comunitarias de 15 municipios de la Costa Chica y 19 municipios de la Montaña de Guerrero, existen bandas dedicadas al secuestro, extorsión y tráfico de drogas identificados como “Los Marín”, “Los Carrillo”, “Los Añorve”, y otras bandas que emergieron tras desmembrarse el cártel de los Beltrán Leyva, como son “Los Rojos”, “Los Guerreros Unidos”, “Los Ardillos”, entre otros.
En Acapulco, la plaza más importante en la disputa de las bandas regionales, existe una confrontación permanente entre los remanentes del cártel de Beltrán Leyva y el Cártel Independiente de Acapulco, donde también operan las policías comunitarias de las CRAC y los grupos de autodefensa de la UPOEG.
En la zona centro de la entidad están confrontados los Rojos y los Ardillos, con sus respetivas extensiones armadas denominadas “autodefensas”, así como las propias guardias comunitarias en Mezcala, Tlacotepec, Chihihualco, Petaquillas y Chilapa.
En las regiones Norte y Tierra Caliente de Guerrero, están operando grupos como La Familia Michoacana, Gente Nueva y los Rojos, así como los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación, los grupos criminales emergentes tras el desmembramiento del Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán.
Todos estos grupos tienen sus intereses en el control de los municipios. En algunos casos financiaron campañas y en otros, simplemente eliminaron a aspirantes a cargos de elección popular que no se comprometieron a defender sus intereses.
En Guerrero, precisamente, fue asesinado el 20 de mayo en la carretera Tlapa-Puebla, el representante del INE en la entidad, Jorge Nájera García. Hasta que ocurrió este homicidio, el consejero electoral del instituto Marco Antonio Baños admitió la urgencia de mejorar las condiciones de seguridad de los cerca de 36 mil funcionarios del organismo en todo el país.
Un reportaje publicado en el portal Animal Político relató casos como los siguientes en Guerrero: en Ciudad Altamirano, cabecera municipal de Pungarabato, el aspirante a alcalde de Morena, Luis Avellaneda, era un fantasma. Su nombre apareció en las boletas electorales, pero él nunca hizo campaña porque un grupo criminal lo amenazó y prefirió irse del territorio. Su padre, el empresario melonero Jesús Avellaneda Chávez, fue asesinado en 2012 en Rivapalacio, Michoacán.
Lo mismo ocurrió en municipios como Arcelia, Apaxtla de Castrejón, Eduardo Neri y en Quechultenango, donde un precandidato a alcalde de Movimiento Ciudadano fue asesinado en noviembre de 2017. El mensaje enviado fue muy claro para la mayoría de los partidos.
Al 1 de junio de 2018, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPCG) admitió que se registraron 440 renuncias a candidaturas, el 5 por ciento de todos los postulados, 63 casos más que en los comicios estatales de 2015. (Animal Político, 12 de junio de 2018, reportaje de Itxaro Arteta).
Rodrigo Salado Agaton, candidato a regidor del PRI en el municipio de San Marcos, de la costa chica de Guerrero, fue asesinado el 31 de mayo en la región de Los Amates. Otro fue el caso del candidato a diputado local del distrito 17 de Tierra Caliente y alcalde con licencia de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza, también del PRI.
El dirigente del Partido Encuentro Social (PES), Gabriel Hernández Alfaro, fue asesinado el 18 de enero; la precandidata del PRD por el distrito 25, Antonia Jaimes Moctezuma fue ejecutada el 21 de febrero; cuatro días después fue asesinada la candidata priista a una candidatura por el distrito 25 Chilapa, Nayeli Rebaja Pedro, y el precandidato a la alcaldía de Zihuatanejo por el PRD, Homero Bravo Espino, también fue asesinado el 25 de febrero.
El 15 de junio, a unas cuantas semanas de las elecciones, diez candidatos del PRD en Guerrero renunciaron ante la presunta presión de grupos criminales.
Junto con Guerrero, Oaxaca y Michoacán concentraron el 50 por ciento de los asesinatos a candidatos y candidatas desde septiembre de 2017 a junio de 2018.
Pamela Terán Pineda, aspirante a segunda cocejal de la coalición Todos por México en Juchitán fue asesinada a principios de junio. Era hija de Juan Terán, presunto líder del cártel de Juchitán que fue detenido en 2017 por los delitos de portación de armas de fuego, extorsión y lesiones contra la salud.
Cinco días antes de los comicios del 1 de julio, sumaban cinco candidatos asesinados en esta entidad. El caso más destacado fue el crimen del aspirante a diputado local por Morena en el distrito 21, Emigdio López Avendaño, junto con otras cuatro personas más fueron balaceados en el municipio de San Vicente Coatlán, en la región de los valles centrales.
En una sola semana, en Michoacán, asesinaron en junio a Fernando Angeles Juárez, candidato del PRD a la presidencia municipal de Ocampo; a Alejandro Chávez Zavala, candidato a alcalde de Taretan por la coalición del PAN-PRD-MC; y a Omar Gómez Lucatero, aspirante independiente a la alcaldía de Aguililla, ultimado cuando regresaba de un mitin político.
De manera excepcional, el ex diputado Miguel Amezcua Manzo, candidato a alcalde priista por Tangamandapio fue atacado a tiros el 18 de junio, pero salió ileso.
Otra entidad con un fuerte repunte de la violencia electoral fue Guanajuato. Ahí fue asesinado Jesús Nolasco Acosta, de 42 años, candidato suplente a segundo regidor de la coalición Morena-PES-PT del ayuntamiento de León. El 11 de mayo fue asesinado el candidato a alcalde de Apaseo el Alto, José Remedios Aguirre, también de la coalición Morena-PES-PT.
Tendencias de la violencia
La violencia de la campaña electoral no estaba al margen de la ola de homicidios que convirtieron al 2017 en el más violento y menos de la situación en el primer semestre de 2018. A nivel nacional, se cometieron 13 mil 738 homicidios dolosos entre enero y junio de 2018, 15 por ciento más que en 2017.
La violencia fue escalando. Situación particularmente grave fue la de Guanajuato, entidad que pasó de una tasa de 8.8 a 20.2 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más alta de la historia de esta entidad gobernada por panistas desde hace más de dos décadas.
El especialista Asael Nuche apuntó en su artículo “Se buscan tecnócratas en seguridad”:
“Hoy, la mayoría de los titulares de seguridad pública estales son civiles, únicamente 5 de los 32 provienen de las Fuerzas Armadas.
“Por otra parte, 75 por ciento de los secretarios de seguridad tienen menos de dos años en el cargo; es decir, quienes encabezan las instituciones de seguridad promedian pocos años al frente de ellas. Por otro lado, en su trayectoria es fundamental que cuenten con experiencia operativa relevante; sin embargo, en este rubro, del total de los secretarios de seguridad actuales, sólo 13 cuentan con experiencia en instituciones de seguridad pública estatales o federales”. (El Heraldo, 1 de agosto de 2018).
Esta inexperiencia o escaso conocimiento con los antecedentes y el contexto real de lo ocurrido en cada entidad, explica por qué las instancias de seguridad pública fueron rebasadas por la ola de violencia que se disparó en 2018.
El quinto y séptimo informes de la consultoría www.entellekt.com, constituyeron un dramático recuento del panorama más anormal que se vivió en unos comicios federales y estatales:
-Comparado con las elecciones federales de 2015, el número de asesinatos a candidatos y precandidatos entre septiembre de 2017 y mayo de 2018 representó un 385 por ciento más: 112 asesinatos en este periodo, contra 21 de 2015.
-De los 112 asesinatos cometidos a políticos y aspirantes a cargos de elección popular, 83 por ciento han sido ejecuciones “con el sello característico del crimen organizado”, advirtió la consultoría. A esta cifra hay que sumar 44 atentados contra familiares de políticos.
-Del total de asesinados, 17 corresponden a precandidatos, 17 a ex alcaldes, 13 a regidores, 13 a militantes, 12 a presidentes municipales en funciones, 9 a dirigentes partidistas, 6 a candidatos y 6 a ex candidatos.
-La entidad que encabeza el mayor número de ejecuciones y agresiones a políticos es Guerrero (22 ), que junto con Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit suman el 50 por ciento de los casos. El 85 por ciento de los casos pertenecen al ámbito municipal.
La segunda zona de mayor riesgo es la del centro del país donde Puebla, Hidalgo, Estado de México y Guanajuato suman 25 asesinatos contra políticos.
En el norte, Chihuahua registra 5 casos de asesinatos.
-Además de los asesinatos, la consultora hizo una suma de agresiones globales registradas en 2018 y éstas ascienden a 357 agresiones, de las cuales, el 72 por ciento se han dirigido a políticos opositores. Puebla es la entidad que encabeza esta lista con 47 agresiones, seguida de Guerrero, con 44 agresiones, Veracruz, con 33 agresiones, Oaxaca, con 32 agresiones, Estado de México con 31 agresiones y Michoacán con 21.
-El mismo reporte advierte que “entre el 8 y 26 de mayo de 2018, se produjeron un total de 52 agresiones contra políticos y candidatos, 20 de las cuales se dirigieron del partido Morena en 12 entidades del país: Zacatecas, Ciudad de México, Chihuahua, Puebla, Nuevo León, principalmente”.
-Por alianzas electorales, los asesinatos se distribuyeron de la siguiente manera: la coalición PAN-PRD-MC, registró 37 homicidios, mientras que la coalición oficialista del PRI-PVEM-NA tiene 36 asesinatos de sus políticos y la coalición Morena-PT-PES, registró 16 asesinatos.
-En el séptimo informe, el número de políticos asesinados se elevó de 112 a 152, de los cuales, 28 eran precandidatos, 20 candidatos a puestos de elección, es decir, un total de 48. De los 20 candidatos asesinados, 15 aspiraban a puestos de elección municipal, 4 a diputados locales y 1 a diputado federal.
-Durante todo el proceso electoral, al menos 161 candidatos fueron víctimas de amenazas y actos intimidatorios. Los 774 ataques se presentaron en las 32 entidades y un total de 440 municipios del país (18 por ciento del país).
-El día de la elección, el 1 de julio, se registraron al menos 138 agresiones globales en al menos 27 entidades, siendo Puebla la que registró el mayor número con 28, seguida por Guerrero, con 16, Michoacán y Sinaloa, con 11 cada uno, Chiapas y San Luis Potosí, con 7 cada uno.
Al menos 115 de estas agresiones fueron contra políticos y militantes de oposición y electores, respeto a los partidos gobernantes en cada entidad.
De estas, 50 agresiones fueron cometidas por comandos armados, 30 por grupos de choque, 31 por militantes de partidos políticos incluyendo a funcionarios y policías municipales, 9 por secuestradores, 2 por crimen organizado y otras 16 por anónimos, asaltantes y pobladores.
-En la recta final de del proceso electoral se agudizaron entre partidos políticos en el ámbito local, dejando al menos 10 militantes asesinados.De estos, 5 eran militantes del PRD en el Estado de México, 3 militantes del PRI en Michoacán, 1 militante del PRI en Guerrero, y 1militante de Morena en Chiapas. Otros 6 militantes fueron asesinados por comandos armados y desconocidos en los estados de Puebla (2), Michoacán (1), Quintana Roo (1), Tabasco (1), y Guerrero (1).
-La consultora concluyó que el 69 por ciento de los 152 asesinatos y más del 70 por ciento de las agresiones contra políticos se dirigieron contra integrantes de partidos de oposición en relación a los partidos gobernantes en cada una de las entidades donde ocurrieron estos ataques.
-La persistencia de la violencia a nivel municipal “responde a la pérdida de controles verticales de parte de los gobernantes para amortiguar dichas prácticas, sobre todo, a raíz de los procesos de alternancia desde el 2000”. Los lentos avances para transformar la cultura cívica y democrática en los municipios “puede provocar la conformación de esquemas de gobernabilidad autoritarios en el ámbito local y reproducir las conexiones con grupos delictivos y de presión”.
-Las agresiones en todo el proceso electoral estuvieron presentes en el 26 por ciento de los municipios del país, en 27 de las 32 capitales de las entidades federativas.
-Puebla fue el estado con mayor número de agresiones contra políticos y candidatos a nivel nacional durante todo el proceso electoral con un total de 125 casos (16 por ciento del total nacional)y muy por encima de la media nacional (24 agresiones). Esta violencia se disparó de forma clara el 1 de julio (2 de cada 10 agresiones de las reportadas en el país ocurrieron en esta entidad).
-Destaca el repunte también de la violencia en Guanajuato, especialmente, contra funcionarios no electos, sobre todo, agentes policiacos. Curiosamente, Puebla y Guanajuato fueron las dos únicas entidades de las 9 gubernaturas en disputa donde no hubo alternancia.
En ambas entidades el crecimiento de grupos delictivos vinculados al robo de combustibles (huachicoleros) “continuará representando el principal factor de riesgo para las autoridades constituidas a nivel estatal y municipal”.
Esta tendencia obliga a una pregunta: ¿es la violencia electoral uno de los recursos utilizados para frenar la alternancia a niveles estatales y municipales, así como para perpetuar los acuerdos con grupos criminales?
La palabra la tienen aún las autoridades ministeriales y los investigadores que aún no rinden informes de los principales responsables de estas agresiones.
