El gobierno del priísta Enrique Peña Nieto, habría gastado con opacidad hasta un un billón 230 mil pesos en proyectos destinados a modernizar, crear infraestructura y regular el flujo migratorio en la frontera sur. De acuerdo con el diario La Crónica, el expresidente creó una Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (CAIMFS), la cual tuvo actividades irregulares que están siendo investigadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Según la información, una gran parte de los proyectos de la Coordinación fueron ficticios, se entregaron incompletos o se volvieron insolventes debido a “presupuestos inflados”. Sólo para operación de la coordinación se invirtieron 400 millones, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) .
Señalan que poco después de que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró una crisis humanitaria en la frontera, se nombró a Humberto Mayans Canabal como coordinador, quien debió pedir licencia al cargo de senador por el PRI y quien recibió “recursos extraordinarios” por casi 100 millones de pesos para operar nominalmente y generar estrategias para frenar el tráfico, la trata de personas y recuperar espacios públicos.
Luego, en 2015, se le dio un presupuesto de más de 102 millones de pesos sin que hubiera resultados visibles de sus proyectos. “Sin embargo, en agosto de ese año, Mayans renunció al puesto para regresar a la Cámara alta. Se argumentó la fusión de la CAIMFS con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación y con el Instituto Nacional de Migración, como parte de un ajuste presupuestal implementado por la SHCP, en busca de ahorrar recursos, evitar duplicidades y aumentar la eficacia”, menciona el medio de comunicación.
Sin embargo, la Coordinación siguió operando con normalidad, con una nómina de 100 empleados, y en 2016, cuando recibió un presupuesto de 94 millones de pesos, llegó como director General de Convenios, Acuerdos, Integración y Seguimiento, Crescencio Jiménez Núñez, “quien se mantendría en el cargo hasta el final del sexenio, con presupuestos operativos de alrededor de 120 millones de pesos entre 2017 y 2018”.
“La realización de 187 proyectos para la región, con la referida inversión de un billón 230 mil millones de pesos, se quedó en el olvido. El supuesto plan de rescate incluía 87 proyectos de infraestructura con un valor cercano a los 84 mil millones de pesos, pero tampoco hubo transparencia en el manejo de esos recursos”, detallan.
Como ejemplos se refiere a “la modernización del ferrocarril del sureste y de 11 puertos de entrada, la implementación del corredor transístmico, el funcionamiento de fiscalías especializadas en migración y derechos humanos y 43 programas de alto impacto social en los 23 municipios fronterizos”, así como la creación de cinco Centros Integrales de Control de Tránsito Fronterizo.
Las condiciones de los albergues y la infraestructura que existe en México para atender a los migrantes indocumentados son tan precarias que Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe, dio a conocer que el pasado 16 de julio se aprobó un proyecto de cooperación de 60 millones de pesos que apoyará la rehabilitación de estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración y albergues del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en estados clave como Tabasco, Chiapas y Veracruz.
