En mayo de 2018, Dora Muna Buchahin Abulhosn, entonces directora de la Dirección General de la Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), fue separada de su cargo, cuando el Jefe del Ejecutivo Federal era Enrique Peña Nieto. Un dato importante es que ella fue una pieza clave para desentrañar la información que dio origen al reportaje del medio Animal Político, conocido como “la Estafa Maestra”, que denunció la trama con la cual dependencias federales desaparecieron más de siete mil 700 millones de pesos en el sexenio pasado.
Buchahin, quien tenía pendientes aún varias auditorías por completar, dio a conocer entonces una carta donde expresaba que, David Colmenares Páramo, auditor superior de la ASF, le pidió su renuncia. En su texto, explicó que aún “están en curso ocho auditorías forenses y existen cinco propuestas más para investigar el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF) de 2017. Dos de ellas se refieren a denuncias documentadas y vinculadas nuevamente con Sedatu y sus convenios con instituciones públicas de educación superior en 2016, con desvíos graves de 275.2 millones de pesos descubiertos durante la ejecución de nuestras auditorías en diciembre de 2017”.
En otras palabras, explicó en 2018 la revista Proceso, Muna Dora aún requería realizar más investigaciones en contra de Rosario Robles y de su equipo, el mismo que durante su paso por la Sedesol hizo de la Cruzada Nacional contra el Hambre y de varios programas sociales bandera de Peña Nieto. un pretexto para triangular millonarios fondos públicos.
“Llama la atención el dictamen emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) de la ASF en sentido negativo, sin haberse acercado a esta dirección general -área técnica responsable de los hallazgos y de la ejecución de las auditorías- a pesar de los graves antecedentes que son de conocimiento público, revelados en los informes de auditorías de 2012, detallándose el modus operandi, los probables responsables, los montos desviados y el grave daño social ocasionado bajo esquemas de corrupción y simulación”, exponía .
Y aunque Rosario Robles argumentaba que ni su nombre ni el de su segundo, Emilio Zebadúa aparecían en las denuncias, se añadía en la carta: “Los montos alcanzan los 7 mil 700 millones de pesos e involucran a funcionarios de Sedesol, Sedatu, las universidades y terceros presuntos proveedores implicados en la articulación de estas redes de empresas fachada. Por su trascendencia e importancia, las denuncias se hicieron del conocimiento superior y fueron enviadas a la UAJ desde el 14 de marzo pasado para su inmediato trámite y atención, a fin de evitar dilaciones”.
Para mayo de este 2019, en el marco del Primer Foro Nacional Anticorrupción celebrado en Oaxaca, Muna Dora advirtió que realizar señalamientos y alzar la voz, tiene consecuencias. “Va a haber represalias, hasta te pueden perseguir políticamente, un ejemplo soy yo, lo digo con mis zapatos puestos”, dijo; asimismo, afirmó que para hacer frente a los actos de corrupción se requiere el acompañamiento del Sistema Nacional en el rubro de participación ciudadana porque “en lo demás están de acuerdo todos”.
Además, la exfuncionaria declaró para Univisión a unos días de su despido: “Están fabricando motivos en mi contra para crear una cortina de humo de la verdadera razón de mi despido (…) Seguramente yo les estorbaba a aquellos que resultaron afectados por las investigaciones que hemos realizado”, mencionó.
Ahora que las autoridades federales tienen ya un proceso contra los exfuncionarios involucrados en la “Estada Maestra”, y por el cuál ya Rosario Robles se encuentra recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, Muna Dora mencionó para Aristegui Noticias que para que la Fiscalía General de la República (FGR) tenga éxito en la investigación contra la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, será importante que se realice “de abajo hacia arriba”, ya que hubo muchos involucrados de forma paralela.
Al respecto, indicó en dicha entrevista que los “involucrados, principalmente los de bajo rango, estarán dispuestos a rendir informe sobre esto en un momento dado. Estoy pensando en personas que estuvieron vinculadas porque trabajaban ahí, que se vieron obligados de alguna manera y sabían que estaban realizando actos ilegales”, aunque añadió, se debe garantizar la integridad de dichos “testigos” o involucrados, pues: “Si no ven eso jamás querrán decir o informar todo lo que saben”.
Dentro de la red de corrupción, explicó, hubo “universidades o entes estatales fueron utilizados en un esquema articulado para eludir las licitaciones públicas y simular servicios de adquisiciones fantasma, que lo hicieron a través de la designación de supuestos proveedores, proveedores fachada que no solamente no contaban con el perfil o capacidad para lo cual fueron creados exprofeso, para un fin de defraudación, sino que la subcontratación que se hizo permitió triangular recursos y desviarlos hacia otros fines, todo esto, bajo un modus operandi en el que los mismos funcionarios creaban expedientes ficticios”, mencionó también a dicho medio de comunicación.
Con esto, apuntó, no solamente no se realizaron los servicios sino que “se fabricó una asociación delictuosa, en la que se desplegó conducta encaminada a cometer actos que agraviaban al erario”.
