El subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, Julio Trujillo Segura, afirmó que México tiene una gran oportunidad de redirigir la política ambiental para lograr una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y acceso a una justicia ambiental.
En su intervención en el ciclo de Diálogos Ambientales en el que expertos abordaron el tema de “La transición Ciudadana y Gobernanza Ambiental: Retos del marco jurídico ambiental en México”, en donde mencionó que “la SEMARNAT tiene hoy el reto de revertir las políticas de los gobiernos pasados en los que se dedicó a entregar los recursos naturales en lugar de cuidarlos”.
En este sentido, explicó que “se iniciará el proceso de revisión del compendio de reglamentos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente e iniciarán con el reglamento en materia de evaluación de impacto ambiental y el de aguas nacionales, con la finalidad de lograr una mayor participación de los ciudadanos.
Por su parte, Guadalupe Espinoza Sauceda, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Judiciales de Semarnat, recordó que al iniciar la presente administración se encontraron muchos aspectos de conflicto que ponían en peligro la gobernanza de la dependencia, encontrando al menos 560 conflictos socioambientales, por ello se planeó una serie de acciones como la reducción de sus tres subsecretarías que ahora serán la de Política Ambiental y Recursos Naturales y la de Regulación y Regeneración Ambiental.
Además, subrayó la necesidad de cambiar la visión proteccionista ambiental que se tiene y que excluye a las comunidades originarias y pueblos indígenas, para trabajar ahora con una visión integral en la que se considere la experiencia de estas comunidades que son dueñas de los recursos naturales con una visión de derechos colectivos.
Asimismo, la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Alicia Mendoza Vera, reveló que en materia de procuración de justicia hay un rezago importante de asuntos que no se atendieron y se han ido acumulando desde hace más de 30 años. Por ello, refirió que el fin que se espera de la gobernanza ambiental es promover y garantizar el derecho a un medio ambiente sano y es el Estado el que tiene esta encomienda.
Además sostuvo que a todos estos pendientes en materia de justicia ambiental se suma el hecho de que durante la situación que se vive por la pandemia se incrementaron las infracciones ambientales, por lo que en este escenario, “consideró que se deben ejercer políticas en las que prevalezca la comunicación real y efectiva, que haya un diálogo abierto y de debate en el que se llegue a conclusiones, ya que estas son las herramientas para garantizar la seguridad ambiental en nuestro país”.
En tanto, María del Carmen Carmona Lara, coordinadora del Área de Derecho Ambiental, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincidió en la necesidad de trabajar para consolidar un nuevo derecho con diferentes estructuras y un nuevo paradigma, aunque para ello es necesario fortalecer las instituciones y las leyes, pero bajo una verdadera visión sustentable.
