Para fomentar la impartición de justicia alternativa y apresurar los procesos judiciales durante la pandemia, el senador Ricardo Monreal Ávila presentará una iniciativa que expide la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
El proyecto de decreto también es suscrito por los senadores Julio Menchaca Salazar y Rubén Rocha Moya, y respaldado por 45 integrantes de los Grupos Parlamentario de Morena y dos del PES.
Con este nuevo ordenamiento se busca brindar a las personas una opción para acercarse a la justicia, sin necesidad de acudir a tribunales jurisdiccionales y sin imponer las cargas propias de un proceso judicial que, en muchas ocasiones, implica un desgaste tanto procesal como económico.
El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena explicó que en México los mecanismos alternativos de solución de controversias fueron elevados a rango constitucional, mediante la modificación al artículo 17 de la Constitución, a fin de garantizar la posibilidad de impartir justicia alternativa imparcial, gratuita y expedita, más allá del modelo tradicional.
Dicha reforma constitucional también facultó al Congreso para expedir la ley secundaria correspondiente, precisó.
Por ello, dijo, en cumplimiento de ese mandato es que se propone la expedición de la Ley General, a fin de regular las bases y principios del Sistema de Justicia Alternativa, que tendrá a su cargo la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias.
Consideró que, hoy como nunca, se ha evidenciado la pertinencia de la justicia alternativa, pues ante la coyuntura de salud pública que actualmente atraviesa el país.
Asimismo, mencionó que debido a los múltiples cambios que la pandemia de Covid-19 ha introducido a nuestra cotidianidad, diversas actividades se han visto mermadas ante el riesgo de contagio y letalidad que representa este virus.
Refirió que desde marzo, el Poder Judicial Federal y el de las entidades federativas, así como los organismos autónomos que ejercen actividad jurisdiccional, se vieron obligados a suspender temporalmente sus actividades, aunque han ido reanudando sus funciones de manera paulatina, a través de medios digitales o en línea.
En este sentido, mencionó que esas condiciones afectaron el ejercicio del derecho humano de acceso a la justicia, que tradicionalmente se lleva a cabo a través de los tribunales.
Ricardo Monreal señaló que por esa situación se rezagó la resolución de asuntos, sobre todo, en materia civil, familiar y mercantil, lo que dejo a cientos de personas en vilo frente a la urgente necesidad de solucionar sus diversos conflictos.
El senador destacó que este ordenamiento ayudará al bienestar general y al orden público, frente al actual escenario. Se debe partir de que el acceso a la justicia es un derecho humano que, por su naturaleza, no puede verse afectado bajo ninguna circunstancia, asentó.
El proyecto de Ley se conforma por cinco títulos y 70 artículos. Tienen como ejes fundamentales definir las bases, principios, procedimientos y reglas mínimas de operación de los mecanismos alternativos de solución de controversias y regular la actividad de las personas facilitadoras de estos procesos.
Asimismo, se pretende garantizar que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a estos mecanismos, y que su utilización pueda darse tanto en el ámbito público como en el privado.
En el régimen transitorio se establece una serie de plazos para permitir que el Sistema de Justicia Alternativa comience a operar lo más pronto posible, tomando en cuenta la urgencia de resolver los conflictos que se generarán durante, y con posterioridad, a la pandemia provocada por el coronavirus, por el impacto negativo en la economía y en las relaciones sociales y familiares.
El senador estimó que este proyecto reúna el consenso necesario para que comience a operar cuanto antes. No tenemos duda que la justicia alternativa, como método de solución pacífica de conflictos, es un elemento fundamental para el mantenimiento de una sociedad de paz, en beneficio del bien común, concluyó.
