La senadora Nestora Salgado García y el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, suscribieron una iniciativa que busca expedir la Ley General para Prevenir y Atender el Desplazamiento Forzado Interno.
En el documento que se publicó en la Gaceta Parlamentaria, los senadores estimaron que en México alrededor de 310 mil 527 personas desplazadas -entre niñas, niños, mujeres, ancianos e indígenas- se encuentran en extrema vulnerabilidad.
Principalmente, apuntaron, como consecuencia de la violencia generalizada, violaciones a los derechos humanos, ataques armados o enfrentamientos entre grupos delincuenciales.
Sólo de enero a diciembre de 2018, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos registró un total de 25 episodios de desplazamiento forzado interno masivo que afectaron a 11 mil 491 personas y ocurrieron en cinco estados, 20 municipios y 52 localidades.
Guerrero registró en ese año cinco mil 56 personas desplazadas, lo que corresponde aproximadamente al 44 por ciento de la población que enfrenta esta problemática. En segundo lugar se ubicó Chiapas con cinco 35 desplazados, que representa el 43.82 por ciento. Y Sinaloa ocupó el tercer lugar con 860 víctimas, es decir, el 7.48 por ciento.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa que el desplazamiento forzado interno no ha sido documentado y analizado de forma integral por el Estado, lo cual constituye el principal obstáculo para dar una respuesta integral que México debe darle a este fenómeno.
En abril de 2019 el Estado mexicano reconoció oficialmente la presencia del fenómeno en su territorio, pero todavía no se han implementado leyes, programas o políticas públicas para atender, proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas, ni para prevenir nuevos desplazamientos.
Actualmente, señalan la senadora y el senado, nuestro país carece de un diagnóstico oficial sobre la situación de las personas internamente desplazadas.
En este contexto, el proyecto de los legisladores de Morena considera los derechos y medidas de prevención, protección y asistencia en todas las fases que comprenden el ciclo del desplazamiento; la creación de un registro único de víctimas; la conformación de un Sistema Nacional para la Prevención y Atención Integral.
La propuesta establece los derechos de las personas a una investigación pronta y exhaustiva que permita la identificación y enjuiciamiento de las personas responsables de los hechos que generaron el desplazamiento forzado interno, así como a no ser privados arbitrariamente de sus propiedades y posesiones y a que las autoridades realicen las acciones necesarias para protegerlas. La iniciativa fue turnada a las comisiones de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda.
