Emilio Zebadúa González, el Oficial Mayor de la Sedatu y la Sedesol en el entonces gobierno de Enrique Peña Nieto, ofreció colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) en las investigaciones que se tienen en curso contra Rosario Robles Berlanga y el ex presidente de México, por el caso de la Estafa Maestra.
De acuerdo con fuentes del Gobierno Federal, hace algunos días el ex funcionario involucrado en el desvío de recursos millonarios a través de la Estafa Maestra, acudió ante la Fiscalía para solicitar “el criterio de oportunidad”.
Es decir, que a cambio de impunidad penal, Zebadúa reveló en su primer acercamiento para iniciar con la negociación, que la ex titular de la Sedatu, Robles Berlanga fue quien dio instrucciones para operar los contratos de las dependencias federales, con las cuales se desviaron más de 5 mil millones de pesos.
Con la investigación de la Estafa Maestra, se desenmaraño una red estratégica de desvió de recursos públicos, por medio de la cual el Gobierno Federal a través de 128 empresas, desvió 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos, con la firma de convenios y contratos, principalmente con instituciones de educación, y en la que también estaban involucradas dependencias.
Además, el ex funcionario aseguró que cuenta con información clave, para determinar la relación que tuvo el entonces presidente Peña Nieto en el caso de la llamada “Estafa Maestra”, y está dispuesto a colaborar con la FGR a cambio de evitar alguna acción penal que se tenga contra él.
Asimismo, dio a conocer a grandes rasgos que los recursos desviados tanto de la Sedatu como de la Sedesol fueron utilizados en el sexenio pasado para financiar las campañas del PRI en casi todos las entidades federativas.
De igual forma, Zebadúa afirmó que cuenta con información y datos con los que se puede determinar los vínculos de otros funcionarios que estuvieron en altos cargos del gobierno peñista y que están relacionados con los contratos y convenios a través de los cuales se logró desviar los recursos del erario.
Cabe destacar que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla el criterio de oportunidad como una figura que permite a la FGR extinguir o cancelar la acción penal en favor de la persona que aporta información esencial para perseguir un delito más grave al que le imputan. Sin embargo, se hace efectivo hasta que el beneficiario comparece a declarar en una audiencia de juicio contra el imputado.
