Por unanimidad, el Senado de la República aprobó el proyecto para expedir la Ley General de Educación Superior, cuyo objetivo es formar profesionistas con un alto compromiso social, que contribuyan al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo y económico del país.
El nuevo ordenamiento, que se aprobó en lo general con 108 votos, reglamenta el artículo tercero de la Constitución Política y establece las bases para que el Estado cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la enseñanza de este nivel.
Reconoce la autonomía que la ley otorga a las universidades e instituciones de educación superior, así como a su régimen jurídico, autogobierno, libertad de cátedra e investigación, estructura administrativa, patrimonio, características y modelos educativos.
El @senadomexicano aprobó por unanimidad la Ley General de Educación Superior, refrendando la obligación del Estado de garantizar instrucción universitaria pública, gratuita y sin excepción, formando estudiantes con humanismo y capacidad crítica para transformar a la sociedad. pic.twitter.com/q0Iz5S4OTK
— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 9, 2020
En el dictamen se reitera la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior; se establece un registro nacional de opciones que dará a conocer a la población los espacios disponibles en este nivel de enseñanza, así como los requisitos para su ingreso.
Además, vincula a las instituciones de educación superior con la necesidad de los sectores social, productivo y económico; promueve programas de apoyo para la titulación de los estudiantes; y prioriza a la comunidad estudiantil cuyos intereses y necesidades son el centro del Sistema Nacional de Educación Superior.
La Ley también fomenta la creación de instancias para prevenir la violencia sexual y de género en los centros escolares; establece un Sistema para la Evaluación y Acreditación de dichas instituciones y regula la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en su financiamiento.
El proyecto precisa que los procesos legislativos relacionados con las leyes orgánicas de las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, en todo momento respetarán de manera irrestricta las garantías de dichas instituciones, por lo que no podrán menoscabar su facultad y responsabilidad para gobernarse por sí mismas.
Cualquier iniciativa o reforma, acota, deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada de los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado.
El presidente de la Comisión de Educación, Rubén Rocha Moya, consideró que la nueva Ley será un instrumento para elevar los estándares de calidad en universidades, tecnológicos y normales, pero también para respetar los derechos laborales de los trabajadores universitarios.
Por la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, el senador Manuel Añorve Baños, reiteró que con el nuevo ordenamiento se protege el derecho a recibir una educación superior de calidad.
De Morena, el senador Daniel Gutiérrez Castorena expresó: se trata de “un salto legislativo que atajará la tentación de los gobiernos locales para socavar la autonomía universitaria”, con reformas a las leyes orgánicas de las instituciones de este nivel contrarias a los intereses estudiantiles.
La senadora del PAN, Minerva Hernández Ramos, indicó que el dictamen fue consensado entre autoridades de la Secretaría de Educación Pública, especialistas y académicos, para que esta nueva legislación tenga alcance nacional y para que la coordinación y regulación del Sistema Nacional de Educación Superior este acorde con la reforma Constitucional de 2018.
Del PRI, la senadora Beatriz Paredes Rangel reconoció que se escucharon a sectores como la ANUIES y organizaciones universitarias. Además, se logró establecer un fondo para garantizar la gratuidad de la enseñanza superior, pero el perfil “no es el adecuado”.
El senador José Alberto Galarza Villaseñor, de Movimiento Ciudadano, hizo un llamado al gobierno federal para que rectifique su política presupuestal y dé los recursos necesarios para que las universidades públicas puedan incrementar sus matrículas.
A su vez, el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, de PVEM, destacó que se logró construir un dictamen integral que dará lugar a una ley sólida, que garantizará el derecho a la educación de este nivel y con respeto a la autonomía universitaria.
A nombre del PT, el senador Joel Padilla Peña aseguró en administraciones pasadas que el Sistema Nacional de Educación Superior se contagió de motivaciones corporativas y mercantiles. Por ello, “es necesario promover una voluntad colectiva y transformadora que coordine la defensa de la educación superior pública”.
La coordinadora de la bancada del PES, Sasil de León Villard, asentó que la Ley General de Educación Superior refrenda el compromiso con la educación de México y con los millones de niñas, niños y adolescentes, quienes son el presente y el futuro de nuestra nación.
El senador Emilio Álvarez Icaza manifestó que después “haber pasado por un tramo oscuro en el uso de recursos públicos, que incluyó a la Estafa Maestra, era necesario reivindicar a las universidades públicas, para que miles de jóvenes encuentren en la educación la posibilidad de contribuir al país”.
Con 101 votos, la asamblea dio su respaldo a las propuestas que presentaron senadores de los diferentes Grupos Parlamentarios para modificar los artículos 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 31, 33, 52, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 71, 72, así como los artículos transitorios tercero, quinto, séptimo, octavo, décimo cuarto y décimo noveno.
Estos cambios garantizan los derechos y la certeza laboral de los maestros de educación superior; definen los conceptos de obligatoriedad y gratuidad; y contemplan los recursos suficientes para asegurar el acceso a este nivel educativo.
Además, las personas con discapacidad podrán acceder a este grado de estudios sin ningún tipo de discriminación; y las autoridades educativas federales tendrán la facultad exclusiva de otorgar, negar o retirar el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a las instituciones particulares sobre la formación de recursos humanos en áreas de la salud.
Además, para incluir a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), al Consejo Nacional para la Construcción de la Educación Superior; y para que la comunidad universitaria participe en el diseño, implementación y evaluación de planes y políticas en esta materia.
El proyecto, que también abroga Ley para la Coordinación de la Educación Superior, se envió a la Cámara de Diputados.
