La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en coordinación con la Comisión Nacional de Vivienda y la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados -en conferencia con la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República- realizaron el Parlamento Abierto virtual ‘El derecho constitucional a una vivienda adecuada’, en el que se analizó la pertinencia de modificar el artículo 4 constitucional para incluir el concepto de “vivienda adecuada” y que el acceso a ella sea considerado un derecho humano.
En su mensaje, Román Meyer Falcón, titular de la Sedatu, sostuvo que la modificación es fundamental y agradeció el interés y la participación de voces expertas en el debate público, lo que sin duda fortalece el cambio en la visión que el Gobierno de México impulsa en materia de política de vivienda.
“Una vivienda adecuada para nosotros y para todo el sector es una vivienda que no solamente constituye un elemento financiero; sino un derecho humano, una estructura que conforma comunidad y a las familias. La vivienda es mucho más que cuatro muros y un techo; es la base de la conformación de la sociedad mexicana”, dijo.
Al participar en la mesa titulada ‘El reconocimiento del derecho a la vivienda adecuada y su alineación con los tratados internacionales’, Edna Vega Rangel, directora general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), explicó que la reforma implica cambiar el término “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, tomando como base ordenamientos internacionales como la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales; así como los siete elementos que debe tener una vivienda para considerarla adecuada: disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.
“Se buscaría que a partir de esta reforma constitucional pudiera haber una armonización de todas las leyes en la materia, entre ellas, la Ley de Vivienda y la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Social, que tienen implicaciones importantes en la concepción de lo que es una vivienda adecuada”, agregó.
Vega Rangel adelantó que el proyecto del Programa Nacional de Vivienda -que está por publicarse en las próximas semanas- ya parte del enfoque de entender a la vivienda como un derecho humano básico.
En tanto, David Cervantes Peredo, subsecretario de Ordenamiento Territorial, declaró que es muy oportuno que se analice y se pueda aprobar la modificación constitucional, pues reconocer el derecho humano a una vivienda adecuada permitirá contar con instituciones y normatividad para promover, defender y garantizar este derecho.
“Desde nuestro punto de vista, es una reforma que por su naturaleza y contenido puede generar consenso entre todos los grupos parlamentarios y sectores de la sociedad civil”, agregó.
En la mesa ‘La propuesta de reforma constitucional y su impacto en el Diseño de las políticas públicas en materia de vivienda’, Daniel Fajardo Ortiz, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, señaló que la aprobación del derecho constitucional a una vivienda adecuada llevaría a redefinir la política pública en la materia y permitiría atender de manera prioritaria a quienes no han tenido accedo a este, lo que implica cambiar la visión que se había tenido de la vivienda únicamente como mercancía.
“Desde la Sedatu, por supuesto que vemos con mucha simpatía y esperanza el que se pueda lograr la modificación. Tenemos claras las implicaciones que ello tendrá y tendremos que hablar de los no derechohabientes y de la obligación de tener políticas públicas para ellos y fortalecer los programas que ya tenemos”, abundó.
En el Parlamento Abierto también participaron: Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); Agustín Gustavo Rodríguez López, vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste); José Alfonso Iracheta Carroll, director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus); la diputada Aleida Alavez Ruiz, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, entre otros legisladores y legisladoras integrantes de las comisiones.
