Con 285 votos a favor, 77 en contra y 46 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó promover demanda de controversia constitucional, en contra del Congreso del Estado de Tamaulipas, por el “blindaje” al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien enfrenta un proceso de desafuero.
Durante la sesión de este jueves, la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho dijo: “Se aprueba promover demanda de controversia constitucional en contra del Congreso del Estado de Tamaulipas”, por lo que pidió adjuntar como anexo a la controversia constitucional, cuya interposición se aprobó, copia certificada de la versión estenográfica del debate y la votación del acuerdo respectivo.
Es así que el Pleno Cameral dio luz verde para presentar el proyecto de demanda de controversia constitucional, en la que solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que sea resuelta de manera prioritaria, en términos del artículo 9º Bis de la Ley Reglamentaria de la materia.
En contexto, el Congreso de Tamaulipas aprobó el pasado 2 de marzo, el Punto de Acuerdo por el que se establecen las reglas del procedimiento de homologación para el ejercicio de las atribuciones. Con la cual el Congreso Local será quien determinará la existencia de un delito federal y la eventual responsabilidad de García Cabeza de Vaca, una vez que se la Cámara de Diputados le notifique la resolución de procedencia contra el gobernador.
De acuerdo con la demanda, dicho Acuerdo “transgrede los artículos 41, 49, 74 fracción V y 111 de la Carta Magna, al vulnerar la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para declarar la procedencia contra servidores públicos”.
En este sentido, “al permitir que el Congreso del Estado de Tamaulipas pueda llevar a cabo un nuevo procedimiento de declaración de procedencia, implicaría dejar de manera concreta o material sin efecto el procedimiento sustanciado ante la Cámara de Diputados, situación que no es posible porque dicho procedimiento no puede quedar ocioso ni resultar intrascendente, toda vez que el artículo 111, párrafo sexto de la Constitución Política, determina con mucha claridad y sin interpretación alguna que las resoluciones emitida en las declaraciones de procedencia son inatacables”.
Esto implica que la resolución que emita la Cámara Baja, en dichos procedimientos no aceptan medio de impugnación alguna incluido el juicio de amparo por lo que, “si bien esas resoluciones tienen efecto declarativo, es necesario remitirlas al Congreso local para que inicie el procedimiento de ejecución a efecto de poner a disposición de la autoridad ministerial al servidor público de mérito”.
Asimismo, la demanda señala que se transgrede el principio de legalidad establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política. Dado que el Congreso del Estado de Tamaulipas carece de facultades para regular una homologación relativa al procedimiento de la declaración de procedencia penal en contra de servidores públicos. De igual modo, transgrede el artículo 133 de la Carta Magna, al vulnerar la jerarquía normativa y orden constitucional.
“El Congreso de Tamaulipas deberá abstenerse de aplicar el respectivo acuerdo, toda vez que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, es la única encargada para conocer y resolver sobre la acusación que realice cualquier ciudadano o los requerimientos del Ministerio Público, mediante la presentación de elementos o datos de prueba en contra de diversos servidores públicos, al declarar por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si hay o no lugar a proceder contra la inculpado”, precisa.
