El INAI presentó formalmente este jueves el recurso de 116 páginas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación .
En éste expone que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con la que se crea el PANAUT es contraria a la Constitución Mexicana.
Apuntó que los motivos son inconstitucionalidad del sistema normativo; violación al principio de legalidad y debido proceso; violación al derecho a la vida privada y protección de datos personales; así como la violación al derecho de acceso a las tecnologías de la información.
“Permitir que la reforma surta efectos y que, por tanto, los aproximadamente 122 millones de usuarios de telefonía móvil, entreguen sus datos personales a particulares y al Instituto Federal de Telecomunicaciones es una violación que no tiene forma de reparación”.
“Una vez entregada la información privada de una persona el daño es irreversible y el análisis de constitucionalidad giraría en torno a una transgresión ya materializada”, menciona la controversia”.
Al dar los argumentos en INAI pidió aclarar cinco puntos: el primero de ellos la vulneración del derecho de protección de datos personales. El segundo, si la reforma persigue una finalidad constitucionalmente válida, pero si la medida es idónea, necesaria y proporcional. El tercero, si es constitucional el uso de datos personales para integrar el PANAUT; y la modulación o variación al ejercicio de los derechos, acceso, rectificación, cancelación y oposición. El cuarto, la constitucionalidad de que el Padrón incorpore datos personales biométricos. El quinto, la vulneración en perjuicio de los mexicanos del principio de legalidad, al contravenir el derecho a la presunción de inocencia, no retroactividad, entre otros.
El INAI consideró que la información personal que obtendría el PANAUT es “una radiografía de la vida privada de las personas, sin una razón legítima”.
Hasta el momento, Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Segundo de Distrito Especializado en Competencia Económica ha otorgado suspensiones definitivas que impiden que a usuarios de telefonía móvil se les obligue a entregar datos personales y biométricos y que no se les cancele su línea telefónica.
