La diputada de Morena, Julieta Andrea Ramírez Padilla, presentó una iniciativa con el objetivo de robustecer la política gubernamental contra la corrupción, para ello, se contempla la prohibición a las dependencias y entidades del gobierno federal para celebrar contratos con personas que cuenten con socios, asociados, colaboradores o empleados que hayan incurrido en actos de corrupción.
“Urge endurecer la ley con el objetivo de consolidar nuestra causa y seguir combatiendo la corrupción en sus múltiples modalidades,” advirtió la diputada al presentar su iniciativa ante el pleno.
En ese sentido, la propuesta reforma diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Al respecto, la diputada argumentó que la contratación pública habían sido un medio recurrente en que se comenten actos de corrupción, especialmente por os recursos económicos que se manejan.
“En múltiples ocasiones, las contrataciones no se realizaban en función de la calidad o costo que beneficie al Estado, y en consecuencia a sus gobernados, sino de un interés muy ventajoso de las personas físicas o morales que pretenden adjudicarse dicha contratación”, expresó.
Abundó que la corrupción no se encuentra de origen únicamente al interior del gobierno, también son partícipes actores a nivel empresarial. Apuntó que de acuerdo a Transparencia Internacional, México se coloca en el número 138 de los 180 países revaluados en el 2018.
Por ello, Ramírez Padilla señaló que su iniciativa se sustenta en el fortalecimiento del marco jurídico, “en aras de prevenir y desalentar conductas de corrupción por parte del sector privado a través de mecanismos legales, que partan de la premisa de la obligación de las instituciones públicas para garantizar el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción”.
En esa óptica, la diputada refirió que en los gobiernos pasados incluso se fomentaron prácticas de corrupción que fueron permeando en múltiples áreas, ante ello, comentó que el gobierno de la Cuarta Transformación ha emprendido una cruzada para atacar este grave mal.
Informó que el resultado de la confrontación directa a estas prácticas de corrupción se ha logrado un ahorro de un billón 300 millones de pesos, “por prácticas de austeridad, de honestidad, en los procesos de bienes y compras gubernamentales”.
