En unos días se cumplirán nueve años de una de las tragedias del México contemporáneo que sacudió la conciencia nacional: la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, normal casi centenaria con 97 años desde su fundación el 21 de marzo de 1926, y en donde estudiaron Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, ejemplares guerrilleros en los años sesenta, asesinados por el Estado el 26 de septiembre de 2014.
El pase de lista obligatorio cada año, 1, 2, 3 … 43 clama justicia porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Se ha avanzado en la investigación de esa desaparición con la participación durante varios años del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Se presentó en 2022 un informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, creada a principios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, encabezada por Alejandro Encinas, subsecretario de la secretaría de gobernación.
Y se han procesado a varios militares y está preso el exsecretario de gobernación, Jesús Murillo Karan, responsable de la autodenominada verdad histórica, que evadía la responsabilidad que el grito nacional reconocía: ¡FUE EL ESTADO!
También están presos autoridades municipales de Iguala, Guerrero, de 2014 y se avanza en la extradición de Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la secretaría de gobernación de esos años.
Sin embargo, para los padres de los estudiantes de Ayotzinapa no es suficiente la información proporcionada y demanda, todos los archivos militares completos.
La tragedia de Ayotzinapa demanda el esclarecimiento total. Porque vivos se los llevaron, Vivos los queremos.
