Una vez más, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha demostrado su capacidad operativa al gestionar un proceso sin precedentes en la asignación de candidaturas para la elección del Poder Judicial de la Federación (PJF). A pesar de los retos derivados de la falta de información inicial y de la complejidad logística, el trabajo realizado ha sido eficiente y con un margen de error prácticamente nulo.
Desde el inicio, el desafío fue enorme. A diferencia de otros procesos, el registro de candidaturas no estuvo a cargo del INE, sino del Senado, una institución sin experiencia en la administración de postulaciones electorales. Esto provocó inconsistencias en los listados, particularmente en los datos provenientes del Poder Judicial, donde hubo omisiones clave como nombres completos, especialidades y datos personales fundamentales para la fiscalización.
Además, la situación se complicó aún más cuando los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial renunciaron a sus cargos, dejando trunco el proceso y generando un vacío de información. Esto convirtió al Senado en el primer responsable de lidiar con las inconsistencias, antes de que el INE tomara el control y corrigiera los errores.
Corrección y perfeccionamiento en tiempo récord
Ante este escenario, el INE desplegó una estrategia nacional para garantizar la precisión de los listados antes de su aprobación. A través de un operativo que involucró a 300 juntas distritales y 32 delegaciones estatales, se contactó directamente a los candidatos, verificando y corrigiendo inconsistencias.
El proceso se ejecutó en tres fases:
1.Publicación de listados provisionales, para que los propios aspirantes revisaran su información.
2.Corrección y ajuste de datos, mediante contacto directo con los candidatos.
3.Aprobación de listados definitivos, garantizando total certeza sobre su validez.
Gracias a esta labor meticulosa, el INE redujo a solo 11 casos pendientes de corrección dentro de un universo de 3,422 candidaturas, una cifra que refleja la precisión y eficacia del trabajo realizado.
Definitividad: una vez cerrada una etapa, no hay marcha atrás
Uno de los principios fundamentales del sistema electoral es la definitividad de cada etapa. Esto significa que, una vez cerrada una fase del proceso, no puede ser reabierta, garantizando que el procedimiento avance sin interrupciones que puedan comprometer su legalidad. La única excepción es el área de fiscalización, que por su naturaleza puede continuar revisiones después de la jornada electoral.
El INE ha respetado esta regla con absoluta rigurosidad. Desde la aprobación de los listados hasta el sorteo de distritos, cada decisión ha sido irrevocable y ha permitido avanzar sin contratiempos hacia la impresión de boletas.
El miércoles 26 de marzo se dará la orden final para la impresión de las boletas, cerrando definitivamente una fase crucial del proceso. A partir de ese momento, cualquier modificación será materialmente imposible, reforzando la certeza de que el procedimiento ha sido llevado con absoluta pulcritud.
Un modelo de eficiencia electoral
El INE ha demostrado una vez más su capacidad para organizar procesos electorales con máxima eficiencia y precisión. A pesar de la complejidad del reto, la institución ha logrado garantizar que las listas de candidaturas sean confiables, verificadas y legalmente impecables.
En un contexto donde la confianza en las instituciones es clave, el trabajo del INE en esta elección reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la ejecución impecable de los procesos electorales.
El mensaje del proceso llevado a cabo el pasado viernes 21 de marzo fue claro: cada etapa es definitiva y el INE no deja ningún cabo suelto.
