Alguna vez un conspicuo defensor del neoliberalismo en Televisa declaró que el juez brasileño Sergio Moro era un “héroe”. Es importante recordar que Sergio Moro condenó al ex presidente de Brasil, Lula da Silva, con lo que impidió que se presentara a las elecciones presidenciales del 2018, a pesar de que encabezaba las preferencias electorales en los sondeos de opinión. Aún cuando las pruebas para incriminar al ex mandatario eran a todas luces endebles, la comentocracia de derecha colmó de elogios al presunto juzgador imparcial, quien supuestamente libraba una tenaz batalla contra la corrupción.
De acuerdo con la derecha electrónica, no tenía relevancia alguna el que la inhabilitación del candidato más popular en las encuestas (Lula) fortaleciera la posibilidad de que el ultraderechista Jair Bolsonaro llegara al poder, debido a que existía un estado de derecho que aplicaba la justicia por encima de cualquier consideración política. Sin embargo, una vez que Bolsonaro ganó las elecciones, invitó a Sergio Moro a ser su Ministro de Justicia, lo cual aceptó de inmediato. Curiosa aplicación “imparcial” de la justicia: Resulta recompensado el juez que facilitó la llegada de la ultraderecha al poder… por el mismo beneficiario.
No obstante, es posible que la derecha mexicana encuentre nuevos héroes entre los magistrados mexicanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en un presunto acto de independencia frente al Ejecutivo Federal, determinó en tiempo record la no aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que aprobó la actual legislatura. En este sentido, decidieron sobre un recurso de inconstitucionalidad que interpusieron los partidos de oposición en el Congreso: PRI, PAN, PRD, MC y un senador “independiente” en el que, a final de cuentas, mantenían un interés personal en torno a su resolución.
Resulta también muy peculiar la celebrada “autonomía” del Poder Judicial en esta materia: Depende de los exorbitantes salarios que reciben (considerablemente más que sus pares en Estados Unidos, por ejemplo), y en decidir de manera favorable sobre asuntos que les conciernen de manera directa. Durante años se argumentó que los ministros de la SCJN debían recibir una remuneración por encima de los 500 mil pesos mensuales a fin de soportar las presiones del poder y la “tentación” de la corrupción. Lo cierto es que lo menos que se puede decir es que en los últimos años los miembros de la SCJN resistieron las presiones del poder al resolver en casos como el de la Guardería ABC, la represión en Atenco del 2006 y en torno al escándalo del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, recordado desde entonces como el gober precioso.
Por otro lado, en una votación dividida, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó el “triunfo” de Martha Erika Alonso, la candidata de la alianza PAN-PRD-MC en la elección que se celebró en Puebla. Una vez más, aún cuando el Tribunal reconoció irregularidades en el proceso electoral (el proyecto que se votó sugería la anulación de la elección), se determinó que éstas no habían sido suficientes para invalidar la victoria de la esposa del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. De esta manera, existe continuidad en la normalización de procesos electorales donde la vulneración a la norma es una constante.
Lo que resulta notable en este proceso es la discusión en torno al presunto “choque de poderes” por parte de la derecha electrónica. Defender el cuestionable triunfo de Martha Erika Alonso se convirtió en un asunto de “preservar la democracia”, mientras que como se señaló con anterioridad, preservar los altos salarios de la alta burocracia era vital para mantener la “división de poderes”. De acuerdo con la comentocracia, cualquier crítica a las resoluciones (sobre todo si proviene del Ejecutivo) implica una vulneración al orden constitucional. En esto habría que destacar, que si bien el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue crítico de ambas resoluciones, también fue aclaro en acatarlas.
Mucho antes de la llegada del presidente López Obrador al poder, la derecha electrónica construyó un relato apocalíptico de un gobierno populista y mesiánico que terminaría por destruir a las instituciones. En la actualidad, los opinadores de la derecha parecen encontrarse aferrados a que la realidad se ajuste al guion que construyeron desde las elecciones del 2006. En este proceso, cuentan con un aliado del viejo régimen: Miembros del poder judicial, quienes lejos de apegarse a derecho, dan indicios de hacer política, como fue en el caso brasileño. Ante partidos políticos de oposición que se encuentran divididos y disminuidos, la oposición en el inicio de la cuarta transformación la encabezan la derecha electrónica que se encuentra en una franca cruzada contra el “populismo” y miembros del poder judicial que defienden el status quo.
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