Ayer regresó a la escena pública el caso de Alejandro Gutiérrez, La Coneja, un exfuncionario del exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte Jáquez, que ha sido acusado por el presunto desvío de 250 millones de pesos del erario del estado para financiar las campañas de su partido en 2016.
Durante la administración de Duarte, Gutiérrez laboró como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), desde donde supuestamente operó para desviar fondos públicos destinados para programas sociales del gobierno.
A diferencia de Duarte, que se mantiene prófugo, el exfuncionario fue arrestado en diciembre de 2017 y recluido en el Cereso número 1 en Aquiles Serdán, de Chihuahua, de donde salió libre en septiembre de 2018 con una orden de arresto domiciliario en tanto se llegaba a una resolución sobre su situación jurídica.
La entonces Procuraduría General de la República (PGR), representada por el juez de control Marco Antonio Fuente Tapia, desechó el caso tras argumentar “que no se tenían elementos suficientes para procesarlo” porque la Fiscalía de Chihuahua entregó información parcial.
“Se arribó a tal conclusión, en particular, porque la imputación originalmente realizada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua se sostenía principalmente en declaraciones de testigos y no fueron corroborados por otros datos de prueba”, justificó entonces la PGR.
Desde entonces, el actual gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, así como la Secretaría de Hacienda del Estado, han interpuesto amparos ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito contra la resolución del juez. Argumentaron que, a diferencia de la primera resolución, la víctima en caso de que efectivamente se hubiera realizado el desvío sería el actual gobierno de Chihuahua.
Corral también interpuso una demanda contra Alberto Elías Beltrán, quien entonces era encargado del despacho de la PGR, por el delito de “ir en contra de la administración de justicia”. Apuntó que la PGR nunca efectuó una investigación seria e inclusive excluyó pruebas presentadas por la fiscalía del estado, las cuales fueron valoradas por jueces federales.
Ante esto, magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el caso del exfuncionario y determinar si el gobierno de Corral tienen el carácter de “víctima”, así como si hubo fundamentos legales en la resolución que dio en primera instancia la PGR.
La SCJN aceptó el trámite de caso y lo turnó a la ministra Norma Piña Hernández, quien laborará el proyecto y, “si es un asunto de relevancia”, determinará si debe ser resuelto por el máximo tribunal o el estado de Chihuahua.
La genealogía de desvíos en el proceso de “renovación” del PRI
César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge son algunos de los 22 exgobernadores del PRI que se enfrentan o deberán enfrentarse a acusaciones de lavado de dinero, peculado ,desvío de recursos y que gobernaron durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con denuncias penales y resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tan solo entre estos 22 exfuncionarios públicos se desviaron aproximadamente 258 mil 829 millones 185 mil pesos de los recursos públicos. Y, hasta la fecha, sólo cinco han sido enjuiciados.
Sin embargo, la actual presidente del PRI, Claudia Ruiz Massieu, ha dicho durante una entrevista para el medio La Silla Rota que es “injusto que por unos cuantos paguemos todos un estigma”. Además, pidió al gobierno federal que“por favor les informen si tienen identificado algún funcionario que incurrió en anomalías” con el objetivo de que enfrente la justicia, ya que ellos son “los primeros interesados en el sistema anticorrupción”.
“Por favor, ya díganos cuáles son los funcionarios que sí tienen una responsabilidad y que la enfrenten, en lugar de estar generando estas declaraciones un poco que cubren a todos los priistas o a todos los exfuncionarios o a todo el régimen y que nada más generan una cuestión de encono y no hay consecuencias; entonces que haya consecuencias, bienvenidas las consecuencias y que podamos deslindar a los que verdaderamente tienen cuentas que rendir de los que no y podamos seguir adelante”, expresó.
Asimismo, dijo que los silencios del PRI ante los desvíos de los exgoberbandores han tenido “múltiples costos y afectaciones”.
“Sin duda, los silencios tuvieron un costo y lo siguen teniendo. Por eso somos los primeros interesados en que haya rendición de cuentas, porque también como partido político, y hablo como dirigente de partido, es tremendamente injusto, pero así es, que por unos todos paguemos un estigma”, justificó.
