Funcionarios del Gobierno mexicano, junto con miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), iniciaron en Ginebra, Suiza, la sustentación del séptimo informe periódico sobre la instrumentación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés).
En este contexto, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, manifestó el firme compromiso del nuevo gobierno de México con el respeto irrestricto a los derechos humanos, especialmente con la prevención y erradicación de la práctica de la tortura en México; además, reconoció que los desafíos del Estado son enormes.
Por su parte, Jens Modvig, presidente del CAT, se mostró decepcionado por la falta de avances de México con respecto a los esfuerzos hacia la erradicación de la práctica “generalizada y endémica” de la tortura en el país. Además, solicitó a México información para que explicara procedimientos para garantizar el artículo de la Convención que se refiere al arresto, interrogatorio, custodia, detención y encarcelamiento, es decir, los momentos en que la persona se enfrenta a un “riesgo mayor’’ de ser torturada.
“Agradeceremos que conteste con una respuesta muy detallada sobre qué medidas concretas ha introducido el Estado para aprobar normas relacionadas a la detención y a la prevención de la tortura. También que conteste sobre la participación del ejército en las tareas de seguridad y el papel que tiene la nueva Guardia Nacional de conformidad con las obligaciones adquiridas en virtud de la Convención”, dijo Mudvig.
Además, el relator para el informe de México, Diego Rodríguez Pinzón y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad (ENPOL) de 2016, “el uso de la tortura parece ser endémico” ya que de los 64 mil 150 encuestados el 63.8 por ciento aseguró haber sufrido violencia física durante el arresto.
En este contexto, en comparecencia ante el Senado de la República, el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, afirmó con respecto a la nueva Estrategia de Seguridad y la Guardia Nacional que: “Se incorporará el conocimiento de los Derechos Humanos en los procesos de formación de personal para las corporaciones policiales y militares, y se difundirá la cultura de Derechos Humanos tanto en los planes oficiales de estudio como en los instrumentos publicitarios a disposición de las distintas instancias de gobierno. Se erradicará la represión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado. Se dará seguimiento puntual a cualquier denuncia en este sentido”.
Según Amnistía Internacional, de 2003 a 2013, el incremento en el número de denuncias de tortura y otros mal tratos en México aumentó en 600 por ciento; 7, 741 han sido las denuncias de recibidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en tan sólo cuatro años (2010-2014); en 23 años sólo se han registrado siete condenas por estos delitos.
Un caso de los últimos tiempos es el de San Salvador Atenco, donde 11 mujeres aún esperan sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras denunciar tortura sexual en el conflicto de 2006 entre ejidatarios de dicha comunidad y policías federales y estatales del Estado de México, donde estuvieron involucrados el gobernador de la entidad, en ese entonces Enrique Peña Nieto; Vicente Fox Quesada, ex presidente de México y Wilfrido Robledo, Jefe de los ASES del Edo. Mex. de aquella época.
De igual forma, a propósito de las indicaciones de la ONU para frenar esta problemática en México, otro de los casos recientes es la orden de aprehensión girada contra el exgobernador de Puebla Mario Marín y el empresario Kamel Nacif, acusados de su presunta responsabilidad en el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho en 2005.
Personajes como Miguel Nazar Haro o Arturo “el Negro” Durazo, entre otros nombres del pasado reciente, son quienes han construido esta historia oscura en México. Martha Delgado, dijo ante el organismo de la ONU: “México experimentó un cambio de régimen político de gran calado, que también responde al cansancio de la población mexicana de esta situación grave de violencia e inseguridad”, afirmando también que “México es un país con gran capacidad de transformación”.
