El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, declaró esta tarde que uno de los casos de corrupción “más importantes para México”, el de la constructora brasileña Odebrecht, se judicializará dentro de los próximos sesenta días “bajo la premisa de una maquinación delictiva donde se aplique la normativa de delincuencia organizada”.
Durante la rueda de prensa que dio como parte de sus primeros cien días a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), el fiscal también abordó los avances que ha tenido su administración en los casos de la Estafa Maestra, Tlahuelilpan y los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.
Sobre la Estafa Maestra, donde están implicadas 128 empresas fantasma a través de las cuales la entonces administración federal desvió más de 400 millones de dólares, Manero informó que el caso tuvo que reestructurarse por completo debido a una serie de inconsistencias en la investigación presentada con anterioridad por la Procuraduría General de la República (PGR).
“El caso (Estafa Maestra) no pudo solo ser producto de 23 casos aislados, como se investigó, pues hay colusión entre diferentes niveles para concertar el saqueo. Se trata probablemente de un delito de Estado”, argumentó.
Sobre Ayotzinapa, mencionó que se apoyará la investigación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “para reponer el procedimiento y recuperar la credibilidad y la justicia”.
A su vez, declaró que la Fiscalía y el estado de Hidalgo han realizado en conjunto 138 entrevistas y 117 dictámenes periciales para establecer la secuencia de los hechos ocurridos antes, durante y después del incendio en Tlahuelilpan, así como quiénes convocaron a la gente al siniestro y generaron el incidente. Además, dijo que aún se investiga el probable retraso o negligencia de los funcionarios de Pemex para evitarlo.
Detalló que del 1 de diciembre a la fecha, el gobierno federal ha presentado 2 mil 700 denuncias por corrupción, de las cuales 400 casos ya se judicializaron y 620 personas han sido detenidas.
Asimismo, dijo que tras su llegada a la FGR se encontró un rezago injustificado de más de 300 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación sin resolver, las cuales no tenían control ni centralización en las denuncias ni eran canalizadas por un sistema de oficialías en la Ciudad de México o en cualquier otra parte de la República. “Cada unidad podía recibir los casos que quería o le convenía sin ningún orden ni verificación”, afirmó.
“El promedio general de eficiencia terminal favorable en sentencias definitivas judicializadas no alcanzaba el 5% del total de casos tramitados. No existía control integral de calidad en la judicialización de las carpetas de investigación. Solo se acusaba de recepción en casos muy contados”, reveló.
Criticó que además no existía un programa de verificación sobre el número de averiguaciones y carpetas de investigación a cargo de cada agente del Ministerio Público, por lo que había “asignaciones desproporcionadas e ilógicas, como mil casos para una sola persona o un MP sin una sola asignación”.
Asimismo, denunció que hubo un despilfarro de recursos en remodelaciones o mantenimientos injustificados, así como funcionarios que recibían altas percepciones laborales sin que estuvieran definidas sus funciones o la calidad de su trabajo.
Acciones de la actual administración
Para atender el rezago de 300 mil denuncias no resueltas y 30 mil que han llegado con esta administración, Manero informó que se ha implementado un modelo único de oficialía de partes en cada área de la institución y en cada estado de la república.
“Además se hizo un análisis del personal y se aseguró que se responsabilicen de los trámites que se les asignen. Ahora todos los trámites tendrán nombre y apellido de quienes se harán cargo”, sostuvo.
Sobre los funcionarios, indicó que se hizo una reducción en la nómina de mil plazas de alto nivel que eran “inútiles o injustificadas”.
Y sobre los gastos millonarios injustificados, entre los cuales ejemplificó la compra de un vehículo aéreo en 19 millones de dólares, explicó que se redujo la flota aérea en un 74% y se iniciaron auditorías para determinar su legalidad.
