Una investigación de la unidad de datos de Sin Embargo señala que, a seis meses del cambio de administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cumplido con 28 acuerdos de los cien que planteó durante su toma de protesta, mientras que 11 no lo están, 26 están en proceso y 35 todavía no pueden evaluarse.
Si bien se trata de números “positivos” pues el gobierno cumplió con las reformas a las leyes (laboral, educativa), programas sociales, proyectos de infraestructura y reducciones presupuestales importantes como los gastos de publicidad, indican que hay críticas sobre los recortes que forman parte del plan de austeridad y sobre “los efectos ambientales que traerá la reactivación de las refinerías, el Tren Maya y el Nuevo Aeropuerto en Santa Lucía”.
Mientras, “en proceso” para ser evaluados hay compromisos que son de más largo plazo como “la Comisión de la Verdad para el caso de Ayotzinapa, el plan para apoyar a los damnificados por los sismos de 2017, los programas de mejoramiento urbano en el norte del país y en puntos turísticos” y algunos programas sociales debido a la falla en el padrón, que ha provocado que una parte de la población no reciba los apoyos.
En los compromisos cumplidos está la cancelación de la Reforma Educativa de Peña Nieto, bajar los sueldos de altos funcionarios; los apoyos para discapacitados en condiciones de pobreza, principalmente niños y niñas; la unión de Diconsa y Liconsa para la distribución de alimento popular; la entrega de créditos a la palabra y sin interés a ejidatarios y comuneros pequeños; no aumentar el precio de la gasolina, diésel, luz; que ningún funcionario público utilice trabajadores del Estado por razones personales; evitar gastos en el extranjero, acabar con la impunidad y otros.
En cuanto a los no cumplidos, destacan “mantener las estancias infantiles de la antigua Sedesol”; funcionamiento de cien universidades públicas; cancelación de fideicomisos o cualquier otro mecanismo para ocultar fondos públicos y evadir la transparencia; no permitir ningún proyecto que afecte el medio ambiente, quitar los candados legales para la celebración de consultas ciudadanas, entre otros.
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