Luego de que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentara un informe sobre la situación de las garantías individuales en Venezuela, algunos líderes sociales sudamericanos han alzado la voz para externa su inconformidad con dicho documento de la ONU.
Mediante un vídeo compartido en sus redes sociales, Pablo Sepúlveda Allende, Coordinador Internacional de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad de la Venezuela Bolivariana, ha dicho que se trata de un informe parcial, exagerado e inquisidor contra el mandato del presidente Nicolás Maduro.
Sepúlveda, quien es nieto de Salvador Allende, el histórico expresidente chileno, resaltó que el trabajo que hace la Oficina de la Alta Comisionada es “parcializado porque sólo toma la voz de un sector, que además, sus principales fuentes de información que cita son ONG’s supuestamente de derechos humanos pero que actúan como operadores de la derecha internacional”.
Al respecto, el activista referencia a que las fuentes de la ONU fueron Organizaciones no Gubernamentales como Open Society y Human Rights Watch, que están financiadas por personajes como George Soros, uno de los magnates más poderosos del mundo, de quien se dice es el verdadero gobernante de las élites que dominan el planeta. Además de otras organizaciones como Provea, que es financiada por la Fundación Ford y la Embajada Británica, así como de algunas otras que son auspiciadas por el propio Congreso norteamericano. “¿Cómo se pueden declarar válidas las ONG’s financiadas por un gobierno que es declaradamente enemigo, en este caso del gobierno venezolano?”, cuestionó el Sepúlveda.
Asimismo, Pablo Sepúlveda calificó de “deshonesto” el informe de la Oficina encabezada por la expresidente de Chile, Michelle Bachelet, por omitir las violaciones a los derechos humanos realizadas por las llamadas “guarimbas”, que son movilizaciones de manifestantes presuntamente auspiciadas por la derecha venezolana con el fin de desestabilizar el orden social. En este caso, el activista se refirió a eventos en 2017 donde en el marco de protestas, un motociclista murió decapitado a causa de un cable colocado por los manifestantes, así como objetos lanzados a civiles desde lo alto de algunos edificios, acciones que no son consideradas por las Naciones Unidas.
En cuanto a los “presos políticos” a los que en el informe de la ONU se pide liberar, Sepúlveda Allende indica que si participaron en un intento de golpe de Estado no tendrían porqué estar libres, además de que, si Venezuela fuera una dictadura, Juan Guaidó, quien orquestó el movimiento contra Nicolás Maduro, también estaría ya en prisión.
Finalmente, el líder social tilda de “cobarde y peligroso” el informe de Bachelet, debido a que “no se atreve siquiera a rechazar el bloqueo financiero, económico y criminal, contra Venezuela, que son miles de millones de dólares que se están perdiendo y son ilegales en el derecho internacional”.
Por su parte, Pascualina Curcio, reconocida analista de la realidad internacional, criticó también el documento emitido por la ONU: “La Alta Comisionada Michelle Bachelet, acaba de presentar el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Repleto de imprecisiones, de información no verificada, ni verificable, de errores, omisiones y falsedades, el informe en cuestión adolece de la rigurosidad y la seriedad que exige la presentación de este tipo de documentos cuyas implicaciones coloca en riesgo la paz, no solo de Venezuela, sino de la América entera”, escribió en su artículo titulado: “Informe Venezuela: consigne las pruebas señora Bachelet”.
La también economista por la Universidad Central de Venezuela y doctora en Ciencia Política por la Universidad Simón Bolívar venezolana, planteó la pregunta de por qué se acusa a Venezuela sobre la violación a los derechos humanos, si el Consejo de Derechos Humanos aprobó el Examen Periódico Universal presentado por el país, mientras que la misma ONU, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, acaba de calificar a Venezuela con un índice de desarrollo humano alto.
Con ironía, Curcio menciona: “No confesaremos nuestra decepción por el hecho de que Bachelet no expresó su rechazo contundente a las amenazas de intervención militar por parte de Estados Unidos, o porque no instó al cese inmediato del bloqueo económico, financiero y comercial contra el pueblo venezolano, o porque no reprochó los llamados al odio y a la violencia por parte de los factores políticos de la oposición que derivaron en acciones fascistas al punto de quemar vivos a seres humanos”, entre otros puntos.
Sin embargo, resalta: “Nos detendremos si, en exigir a la Alta Comisionada la presentación de las pruebas y precisiones de todas y cada una de las graves acusaciones que hace en su informe. Pruebas que, por respeto, nos merecemos los venezolanos y la humanidad entera”.
Pará evidenciar esto, a través de su texto, Pascualina Curcio analiza el informe de la ONU y lo contrapone con sus propios datos, por ejemplo: “Dijo Bachelet que: ‘ha aumentado la mortalidad materna evitable, con un estimado 20 por ciento de los fallecimientos maternos aparentemente relacionados con abortos realizados en condiciones no seguras’(…) Es importante que la Alta Comisionada demuestre lo dicho porque según la información que le fue suministrada por el gobierno, la mortalidad materna disminuyó 13,76 puntos entre 2016 y 2018”.
Finalmente, la politóloga señala ante las cifras del informe de la ONU que indican la alta migración de venezolanos a países vecinos: “Señora Bachelet, demuestre que son más de 4 millones las personas que han dejado Venezuela. Le adelantamos que le será difícil si es que no quiere entrar en contradicción con las propias cifras de Naciones Unidas las cuales indican que en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil la tasa neta de migración es negativa, es decir, que en esos países son más las personas que han salido de las que han entrado. Por lo tanto, si de Venezuela se han ido más de 4 millones de personas hacia esos países, significa que de allí han salido muchas más de 4 millones. ¿Demuestre dónde están entonces esos supuestos más de 4 millones de venezolanos?”.
Sobre el informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el gobierno venezolano también presentó un documento en el cual realiza 70 observaciones al texto de la ONU. “El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos, recogidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena”, menciona la repuesta venezolana.
