La Corte Suprema de Brasil negó este martes la liberación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se encuentra en prisión desde abril de 2018 a la espera de que los jueces resuelvan su última apelación contra su condena por corrupción, la cuál podría ser de 20 años.
Sin embargo, el juez federal Vallisney de Souza Oliveira, retiró este miércoles parte de las acusaciones en el proceso en que Lula da Silva es acusado de corrupción, tráfico de influencia, lavado de dinero y asociación ilícita por supuestamente haber favorecido los negocios de Odebrecht en Angola.
Los cargos de los cuales da Silva fue absuelto son asociación ilícita y lavado de dinero en este proceso, uno de los ocho que enfrenta en la Justicia brasileña; sin embargo, mantiene las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias, así como otro de los cargos de lavado de dinero. El expresidente ha negado todos los cargos en su contra. Sus partidarios defienden que es víctima de una persecución política.
Los defensores del exmandatario argumentan la parcialidad del juez Sergio Moro, quien ha llevado el caso y se cree tiene motivaciones políticas. Asimismo, los litigantes se han referido a la reciente difusión de mensajes, supuestamente entre Moro y los fiscales del caso de Lula, durante el proceso.
El medio brasileño Interceptión dio a conocer el pasado 9 de junio tres informes en los que se demuestra la complicidad del actual ministro de Justicia, Sergio Moro y el Fiscal de Brasil, Delta Dallagno, para impedir entrevistas al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva durante la pasada campaña electoral, esto para que las declaraciones del expresidente no beneficiaran a Fernando Haddad, candidato que pudo haber continuado con el proyecto de da Silva.
El tribunal votó el pasado martes tres contra dos para posponer hasta agosto la decisión sobre la actuación del juez y descartó que Lula sea liberado mientras tanto.
La condena del expresidente brasileño es una de las más fuertes de una extensa investigación anticorrupción conocida como Operación Lava Jato, por la cual han sido castigados también sobre todo personajes peruanos como los exmandatarios Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, así como la excandidata presidencial Keiko Fujimori, y el también expresidente Alan García, quien se suicidó el pasado 17 de abril cuando autoridades de su país lo detuvieron. En México, nombres como Emilio Lozoya han tenido resonancia con respecto al caso Odebrecht.
