Los senadores de las comisiones de Hacienda y Justicia, sostuvieron una reunión de trabajo para debatir el predictamen que busca considerar delito grave la defraudación fiscal y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones falsas.
Este proyecto busca que este tipo de operaciones sean catalogadas como delincuencia organizada y que las penas vayan de cinco a ocho años de prisión.
Y para el caso de servidores públicos, las sanciones van desde destitución de su cargo hasta la inhabilitación para ejercer un cargo público por 10 años.
El senador Samuel García de Movimiento Ciudadano, uno de los que defiende esta propuesta junto al senador Alejandro Armenta de Morena, aseguró que los negocios de facturación falsa, hacen millonarios a fiscalistas “tragándose todas las aportaciones que pone el trabajador”.
Por su parte, el senador de Morena Ernesto Perez Astórga, integrante de la comisión de Hacienda, señaló que se le debe poner nombre a la evasión ya que es el vehículo para la corrupción y el crimen organizado.
“Estas iniciativas no van en contra de los empresarios que están haciendo correctamente sus cosas, va en contra de los tramposo”, señaló.
Mientras, los senadores del PAN y PRD, no estuvieron de acuerdo en que se tenga que modificar la Ley de Seguridad Nacional para que este tipo de actos sean elevados al grado de ser considerados como amenaza para el país.
La propuesta, se estaría dictaminando en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre.
