Ahora que la Fiscalía General de la República (FGR), ente autónomo al Poder Ejecutivo, ocupa el lugar de la extinta PGR, se busca reabrir un caso de 2017 contra Gerardo Ruiz Esparza, desechado en 2018 luego de que la procuraduría afirmó que no encontró indicios de que el ex funcionario hubiera incurrido en algún ilícito relacionado al uso indebido del servicio público.
Es a través del Juzgado Décimo segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, se dio trámite a una petición para que se revise la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR), de no ejercer acción penal en contra del ex Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza.
Según el diario La Jornada, la petición fue promovida por Paulo Díez Gargari, quien en el año 2017 acusó al entonces titular de la SCT por supuestamente favorecer en contratos y concesiones a la empresa OHL, hoy Aleatica, afectando así a la firma que él representaba, Infraiber.
Recientemente, se dio a conocer que en los seis años que Ruiz Esparza fungió como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el exfuncionario se compró seis departamentos, uno de los cuales, el ubicado en Polanco, rentaba a Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, hoy presa en el penal de Santa Martha Acatitla.
En una carta que el exfuncionario envió al diario Milenio, expresó: “Todo mi patrimonio es producto de 50 años de trabajo ininterrumpido. Lo tengo auditado por un despacho de prestigio internacional, concluyendo que mis ingresos superan a mis bienes, lo que hace un patrimonio congruente”.
A finales de 2018, el Instituto Mexicano para la Competitividad afirmaba que en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México podría haber “puntos críticos” y de “riesgos de corrupción”, debido a la falta de control interno en los procesos de adjudicación de los contratos, la entrega de recursos a empresas con antecedentes en escándalos de corrupción, y la firma de convenios por 7 mil millones de pesos entre dependencias públicas que no están sujetos a mecanismos de vigilancia.
Desde su puesto como titular de la SCT, Ruiz Esparza defendió reiteradamente, incluso ante el senado de la República, que el Aeropuerto de Texcoco era la mejor opción, pese a los constantes señalamientos de corrupción en su proceso de licitación y adjudicación de contratos.
Asimismo, otra de los proyectos en los que Ruiz Esparza tuvo participación desde la SCT es el Tren Interurbano México-Toluca, sobre el cual, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó en la revisión de la Cuenta Pública de 2017, presenta diversas irregularidades que en ese periodo le costaron al erario federal 745 millones 476 mil 500 pesos.
Asimismo, no se puede olvidar el tema del socavón en el Paso Expréss de Cuernavaca que cobró la vida de dos personas en julio de 2017, y cuya investigación, realizada por la Secretaría de la Función Pública, dio como resultado el inhabilitar por 10 años a ocho servidores públicos, de los cuales siete son de la SCT y uno de la Conagua.
Ruiz Esparza, en comparecencia ente el Senado mexicano, afirmó que él no tenía responsabilidad legal por lo sucedido, pese a ser el titular de la dependencia federal a cero de la obra.
