El flujo migratorio disminuyó en 57 por ciento desde el mes de julio, en el que hubo un incremento de 300 por ciento, de acuerdo con datos del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Desde la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Ebrard informó sobre la reunión que tuvo con autoridades norteamericanas en Washington el pasado martes y declaró que “consideramos que la estrategia de México ha sido exitosa”.
Respecto al tráfico de armas aseguró que el objetivo es congelarlo en la frontera y no solo reducirlo, “para Estados Unidos la migración es un tema prioritario y para México lo es el control de armas”, dijo.
Explicó que el 70 por ciento de los delitos que se cometen en México están relacionados con armas compradas en Estados Unidos. El 41 por ciento de esas armas provienen de Texas, el 19 por ciento de California y el 15 por ciento de Arizona.
Para disminuir la entrada de armas a territorio mexicano, Ebrard anunció que tomarán dos medidas: controlarán el ingreso al país de personas que porten armas y el equipo de inteligencia analizará cuántas armas entran y a qué delitos están vinculadas.
Esta última tarea estará a cargo de un grupo binacional que comenzó a trabajar el lunes y está conformado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Defensa Nacional, la Marina, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Fiscalía General de la República (FGR). Cada mes entregarán un reporte sobre el estatus del ingreso de armas.
El canciller dio a conocer que la FGR tiene más de 300 casos judicializados por tráfico de migrantes, se trata de una red de dueños de camiones que transportan personas por las noches entre Honduras y la frontera con Tamaulipas. También existen cerca de 20 casos de secuestro.
Destacó que los compromisos de cooperación con Estados Unidos se han cumplido, hasta el momento se destinaron 126 millones de dólares para micro financiamiento de pequeñas y medianas empresas, se firmaron dos cartas de intención para proyectos de infraestructura en el sur del país equivalentes a 800 millones de dólares y otros 300 millones para tres proyectos de diligencia avanzada que se encuentran en proceso.