La Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga una presunta estafa en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) por más de 53 millones de pesos que apunta hacia el excanciller Luis Videgaray Caso, su exvocera Claudia Algorri Guzmán y otros diplomáticos, informó la revista Proceso.
En un reportaje firmado por Jesús Esquivel y de acuerdo con el oficio número OASF /0714/2018, la pesquisa se concentra en determinar si hubo “daño o perjuicio” por la falta de documentación “justificativa y comprobatoria” de erogaciones del presupuesto en los consulados mexicanos en Dallas y San Antonio, Texas; Raleigh, Carolina del Norte; Nueva York; Tucson, Arizona; y Los Ángeles, California.
La investigación sobre el monto ejercido en 2017 se justificó en la SER bajo la conducción de Videgaray presuntamente para el programa de Fortalecimiento para la Atención a Mexicanos en Estados Unidos (FAMEU), indica Proceso.
“Los fondos del mandato se enviaron al consulado de México en Milwaukee en una cuenta bancaria en la institución US-Bank, posteriormente se remiten a la embajada y/o las representaciones consulares para cubrir gastos que hayan sido autorizados por las unidades administrativas responsables de su ejercicio, ya sea la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior (DGPME) o el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME)”, expone uno de los documentos sobre el caso obtenido por la propia revista semanal.
El anexo 17-0-05100-15-0033 de la ASF fechado el 14 de julio 2018 indica lo siguiente para el caso del consulado en Nueva York, e involucra directamente a Algorri Guzmán, directora de la unidad de Comunicación Social en la era Videgaray, y Diego Gómez Pickering, quien estuvo al frente de ese consulado hasta noviembre de 2018:
“Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 46 millones 817 mil 244 pesos, por no acreditar la entrega de servicios sustentados mediante los contratos formalizados por la Representación de México en el exterior en Nueva York con un prestador de servicios para la contratación de difusión de materiales sobre protección preventiva para personas mexicanas en los Estados Unidos de América por 915 mil dólares, equivalentes a 16 millones 356 mil 540 pesos y con dos prestadores de servicios por 1 millón 704 mil dólares, no obstante que dichos servicios fueron pagados en su totalidad en noviembre de 2017”.
Los servicios de “difusión” en Nueva York, explican fuentes de la cancillería consultadas por el reportero, “fueron idea total de Algorri Guzmán, y aunque el enlace fue la DGPME, fue la Unidad de Comunicación Social en colaboración directa con Gómez Pickering, quienes eligieron y asignaron los contratos a entidades privadas.
“Yo sólo fui el enlace, todo lo manejó la dirección de Comunicación Social”, explica a este semanario Jacob Prado, titular de la DGPME cuando se asignaron los millones de pesos sujetos a la investigación de la ASF.
“Algorri Guzmán dio las órdenes; Gómez Pickering firmó los contratos”, dice Prado, quien asegura que a él no lo investiga la ASF.
Sin embargo, el martes 17 el diario Reforma publicó en la columna Templo Mayor: “Alguien en Malinalco va a despertar con sobresaltos cuando se entere que el embajador Jacob Prado, quien fuera director general de Protección a Mexicanos en el Exterior, está siendo investigado por un supuesto desfalco superior a los 51 millones de pesos”.
Puedes acceder al texto completo en el siguiente enlace:
https://www.proceso.com.mx/601235/videgaray-en-la-mira-de-la-asf-por-irregularidades-en-gastos-de-consulados
