El juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, quien lleva el caso de las suspensiones que han detenido por el momento las construcciones del aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, podría aplazar una vez más su veredicto sobre el caso, luego de que la representación legal del gobierno federal promovió un recurso de queja que deberá resolver un Tribunal Colegiado.
Aunque los listados judiciales consignan que el juez citó el próximo 2 de octubre, a las diez de la mañana, para emitir su veredicto sobre el caso, el recurso promovido por el gobierno federal podría aplazar la resolución varios días más.
Además, de acuerdo con diversos medios, no ha sido posible entregar los oficios con los que el juez de la Ciudad de México solicitó a su homólogo en el Estado de México apoyo para realizar las inspecciones oculares en Santa Lucía, lo cual fue solicitado por uno de los demandantes.
Por otra parte el juez encargado, Juan Carlos Guzmán Rosas, ha rectificado algunas decisiones y se ha encaminado hacia la eliminación de los obstáculos legales que han impedido la construcción de la obra, una de las más importantes en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
A pesar de en julio y agosto concedió tres suspensiones definitivas para frenar la obra, el impartidor de justicia cambió su postura luego del pasado 29 de agosto, cuando estimó favorablemente la solicitud de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con la que podría dejar sin efectos la suspensión definitiva que otorgó previamente al colectivo #NoMásDerroches contra la construcción del nuevo aeropuerto.
Entonces, en contraste con la sentencia en la que suspendió las obras al considerar que existía el riesgo de que no se cumplieran los estándares de seguridad requeridos, en una nueva sentencia aseguró que la suspensión de la obra afecta la seguridad pública del país.
“Significaría el incumplimiento de órdenes militares dentro del ámbito castrense, que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y la seguridad nacional”, argumentó al negar, el pasado 25 de septiembre, otra suspensión en el amparo 1206/2019.
“De concederse la suspensión se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, pues se impediría al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el 27 de la Constitución, como lo es el espacio aéreo”, establece el Juez en otra de sus reflexiones.