En la comparecencia de la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) se recibieron preguntas provenientes de la sociedad civil, académicos y expertos, mismas que fueron seleccionadas al azar, algunos de los temas planteados por ciudadanos fueron: el caso Bartlett, alertadores internos de la corrupción, y los supuestos conflictos de interés que llevaron a ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa a dejar su cargo.
Este, fue un ejercicio inédito que se hizo en la comparecencia en el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno, la titular de la SFP Irma Eréndira Sandoval respondió a los senadores que desde la sociedad civil han trabajado en diversas propuestas sobre los alertadores internos de la corrupción, para presentar una iniciativa al Congreso de la Unión para dar la institucionalidad que la iniciativa merece.
Cuestionada por el caso de Guillermo García Alcocer extitular de la Comisión Reguladora de Electricidad (CRE), quien renunció por posibles conflictos de interés, comentó que su salida no tuvo que ver con persecución política, ya que aseguró que este gobierno no tiene pacto de impunidad, ni se investiga a nadie por consigna política porque “no hay filias ni fobias, ni hay intocables ni perseguidos”;
Sobre el caso de director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett y la información que omitió declarar a la SFP por 12 empresas, y cinco de éstas a nombre de Julia Abdalá su pareja sentimental, de acuerdo con un trabajo periodístico; respondió Sandoval Ballesteros que “no hay gato encerrado ahí”.
“Lo que hay es un cumplimiento a lo que no exige la norma, los principios de ser exhaustivos en la investigación, y a no violentar los derechos de nadie, y el principio de presunción de inocencia es fundamental, así como esa exhaustividad, no quiero hacer juicios sumarios sin hacer un análisis exhaustivo”, expresó y añadió: “En la Función Pública ya no hay intocables ni siguen existiendo perseguidos políticos”.
Durante la comparecencia, el presidente Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado, Clemente Castañeda preguntó sobre el desabasto de medicamentos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y en el Instituto Nacional de Pediatría y Cancerología, entre otros, incluso intervino Comisión Nacional de Derechos Humanos que emitió una serie de recomendaciones y medidas cautelares a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
La secretaria de la Función Pública respondió que el desabasto de medicamentos es un problema que heredaron de otras administraciones y que hoy el Gobierno federal está “reparando esa situación, reparando la mala planificación de las compras que se hizo contaminadas con corrupción”.
La secretaría dijo que detrás de la falta de medicamentos para niños con cáncer, hay una corporación de laboratorios que monopolizó su producción; “lo que se trató de hacer fue una compra consolidada de este medicamento en el extranjero precisamente porque los nacionales escondían el medicamento”.
En su réplica, el senador de Movimiento Ciudadano, preguntó: “¿Qué está haciendo la Función Pública más allá de la denuncia?”. Sostuvo que “la Secretaría tiene atribuciones para revisar la política de compras -incluida la de medicamentos-, revisar no solo para que no haya huachicol de medicinas sino para que se compren adecuadamente, en el tiempo suficiente y no tengamos un problema de desabasto”.
En otros temas, Irma Eréndira Sabdoval explicó sobre las observaciones en auditorías de obra pública por un monto de 17 mil 319 millones de pesos, más de 16 mil millones de pesos vinculados, por cierto, al llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco.
Añadió que la secretaría a su cargo ha impuesto 2 mil 791 sanciones a servidores públicos, entre las que destacan 875 inhabilitaciones y 237 sanciones económicas resarcitorias, por más de 3 mil 596 millones de pesos, sin contar, por cierto, las que continúan en litigio.
“Los datos más importantes que hemos dado a conocer en nuestro informe son que se ha castigado por negligencia administrativa, por incumplimiento en declaración patrimonial, por violaciones en procedimientos de contrataciones y en general por las responsabilidades que implican abusos de autoridad”, detalló.
Explicó la titular de la SFP, que han sustanciado 121 procedimientos de responsabilidades y 132 procedimientos de verificación patrimonial en nodo de la Secretaría de la Función Pública; lo cual implica un cumplimiento del programa de abatimiento del rezago del 90 por ciento.
