Para ningún mexicano fue cómoda la tarde-noche del jueves en la que miembros del ejército capturaron en Culiacán, Sinaloa, a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo”, Guzmán. Tan pronto se supo de la detención, dicha ciudad se volvió un caos que a la postre, fue la causa para liberar al capo y dejar un huracán de opinión en la sociedad.
Hubo varios atenuantes: se habla de un video en el que los delincuentes muestran capturados a un grupo de militares, razón por la cual se decidió intercambiarlos por Ovidio Guzmán; por otro lado, la versión general fue que se decidió liberarlo para pacificar la cuidad, ya que además lo habían aprehendido por casualidad; la otra razón atiende a que los elementos que realizaron el operativo estaban mal preparados y actuaron precipitadamente.
Más haya de las simpatías o aversiones que se puedan tener con el gobierno federal, a nadie le gusta saber que un hombre, de los más buscados por autoridades incluso internacionales, fue puesto en libertad por algún tipo de error; tampoco es agradable ver como Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y Luis Crescencio Sandoval, titular de la Defensa Nacional, dan dos versiones distintas de porqué falló el operativo; sin embargo, hay que reconocer la enorme claridad con la que conocimos el fondo de lo sucedido en Culiacán.
En 2001, Joaquín, “El Chapo”, Guzmán, escapó del Penal de Puente Grande, en Jalisco, y las versiones fueron tan turbias que años después, gracias a investigaciones periodísticas, se conoció que el capo fue apoyado por el expresidente Vicente Fox para que el líder del Cártel de Sinaloa saliera libre, a cambio de protección para los hijos de la entonces primera dama, Martha Sahagún.
En 2008, el gobierno de Felipe Calderón firmó con autoridades de Estados Unidos la Iniciativa Mérida, que tenía como fin fortalecer a las fuerzas policiacas y militares para atacar el tráfico de drogas y la migración hacia la frontera norte. Un año después, se echó a andar el operativo “Rápido y furioso”, que consistió en que mandos estadounidenses fomentaban el tráfico de armas hacia México para, según ellos, “seguirles la pista” y así desarticular grupos criminales.
En diciembre de 2010, Bryan Terry, agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, murió por un disparo de un rifle que fuera parte del operativo. Fue hasta ese momento en que autoridades norteamericanas se alarmaron por el fracaso del operativo, pese a que antes ya habían sido víctimas miles de mexicanos, cuyas cifras son difíciles de estimar, debido a lo inoperante de la estrategia. Dicho operativo, fue un secreto hasta que, otra vez, investigaciones periodísticas, dieron a conocer del mismo.
Por si faltara otro ejemplo, apenas en el juicio de “El Chapo”, un testigo aseguró que éste líder criminal dio sobornos hasta por 100 mmd a Enrique Peña Nieto y sus allegados, un dato que a meses de hacerse público, tristemente a nadie le importa, cuando en realidad el expresidente debiera estar siendo investigado.
En el caso de los actos criminales suscitados en Culiacán el pasado 17 de octubre, habría que agradecer la transparencia con la que se manejaron los hechos. Apenas a las horas de que se habían cerrado las calles, las carreteras, se miraban autos incendiados, disparos a discreción por toda la ciudad, Alfonso Durazo, ya estaba explicando una parte de la situación ante la ciudadanía.
Al día siguiente, en su conferencia matutina, desde Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador, también daba la explicación de las razones por las cuales prefirieron liberar a Ovidio Guzmán, las que radican, básicamente, en evitar mayores daños a la población de Culiacán y un derramamiento de sangre innecesario.
Momentos después, el gabinete de seguridad exponía a la población todo lo acontecido la noche anterior, e incluso, en un hecho inédito, aceptaron que se cometieron fallas en el operativo de captura de Ovidio Guzmán.
A nadie le gusta aceptar sus errores y a ningún mexicano le gustó la situación de Culiacán: ojalá hubiese sido diferente. Sin embargo, no todo es perfecto y en este caso queda de manifiesto que al frente de México está una administración transparente y que tiene la autoridad para no armar “verdades históricas” y simplemente decir: “esta vez, fallamos”.
