El gobierno del panista Mauricio Vila Dosal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán que encabeza Luis Felipe Saidén Ojeda, reprimió este domingo una manifestación pacífica en el marco de la presentación de su primer informe de actividades como mandatario estatal.
Los manifestantes son trabajadores del sector Salud del Estado, quienes reclamaron la entrega de plazas, de uniformes y del concepto 30, lo que se refiere a los días que les son otorgados a los trabajadores después de realizar procesos de fumigación para que se puedan desintoxicar y los “gastos de camino”, que son los viáticos que reciben cuando trabajan en las comunidades.
Asimismo, estuvieron presentes ex trabajadores de planteles educativos, quienes fueron despedidos tras el cambio de administración estatal sin ninguna clase de liquidación. A Barlovento Informa cubrió su caso cuando se presentaron en el despacho del abogado que lleva el caso, Gabriel Ramayo Duarte, el 20 de diciembre de 2018 (lee aquí la nota:https://abarloventoinforma.com//2018/12/20/protestan-yucatan-despidos-directivos-cobay/).
Algunos de los agraviados tenían más de veinte años trabajando en los planteles; Juan Manuel Lizama Sánchez, exdirector del plantel de Cobay en el municipio de Buctzotz, había cumplido 28 años laborando en la institución y necesitaba menos de un año para tramitar su jubilación cuando lo destituyeron; a Héctor Enrique Cabrera Ceballos, con once años el sistema de bachilleres, le ofrecieron tan solo 50 mil pesos de liquidación. Asimismo, señalaron que en cada uno de los casos no se presentaron bases ni evidencias para justificar los despidos.
Este domingo los efectivos yucatecos lanzaron bombas de gas lacrimógeno contra la multitud que se desplazaba sobre la calle 60 por calle 35 del Centro Histórico de Mérida, a una esquina de la Zona Hotelera de la capital yucateca. Se trataba, principalmente, de niños, mujeres y personas de la tercera edad.
En noviembre pasado los efectivos de la Secretaría de Seguridad también detuvieron con uso de la fuerza a integrantes de colectivos feministas que se dirigían a una manifestación. Sin mediar palabra, los elementos las detuvieron violentamente al interior de una propiedad privada, acto que fue repudiado por organizaciones de derechos humanos.
