El Estado mexicano ratificó la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia y se adhirió a la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. Estos son instrumentos jurídicos vinculantes para combatir el racismo y la discriminación en nuestro país.
La representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos, Luz Elena Baños y el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Cristopher Ballinas, realizaron el depósito de los citados instrumentos ante la Organización de Estados Americanos en representación de México.
México es el segundo país en ratificar la Convención contra toda forma de Discriminación e Intolerancia después de Uruguay, que se vinculó en mayo de 2018, lo que permitirá su entrada en vigor, dijo la propia Secretaria de Relaciones Exteriores.
La vinculación a las Convenciones es resultado del esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, la Comisión para Relaciones Exteriores del Senado de la República, y el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación, CONAPRED .
Estas acciones se inscriben en el espíritu de reivindicación de las poblaciones históricamente vulneradas que ha encabezado el presidente de la República, así como de la política exterior feminista que ha lanzado el secretario Marcelo Ebrard. De la misma manera, se inscriben en la amplia apertura al escrutinio internacional, la defensa y expansión de los derechos humanos que forman parte de la política exterior multilateral transformadora a cargo de la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado.
Así pues, las referidas ratificación y adhesión son una respuesta firme de rechazo y condena a toda forma de discriminación, xenofobia y racismo. Hacen patente el compromiso que el Estado mexicano tiene con los derechos humanos en su territorio, con alcanzar los más altos estándares en materia de derechos humanos y con lograr un pleno respeto y ejercicio de los mismos en México, dando prioridad a grupos históricamente discriminados.
“El Gobierno de México refrenda su compromiso de responder a los reclamos sociales y buscar el bienestar integral de todas las personas para no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera”, explicó la SRE.