Luego que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago declarara como admisible la querella criminal contra el presidente Sebastián Piñera por delitos de lesa humanidad, presentada por el senador Alejandro Navarro, la investigación ha avanzado en estas semanas.
En esta causa, el pasado viernes, el abogado designado por Navarro, Mauricio Daza, presentó un documento de 54 páginas en el que solicita que presenten declaración 20 autoridades y que diversas instituciones entreguen información, con el fin de determinar si las decisiones políticas que fueron adoptadas por el mandatario derivaron en vulneraciones a los derechos humanos, en el marco de las manifestaciones sociales.
Según declaró en entrevista al medio BioBio Chile, Daza explicó que el sentido y alcance de la presentación es que el Ministerio Público realice una “investigación penal efectiva”.
Daza, mencionó que Chile suscribió el Estatuto de Roma en 2009, reconociendo la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) en materia de crímenes de lesa humanidad. En otras palabras, si pese a existir evidencia de la comisión del ilícito se ejecutan acciones para evitar su persecución, el instrumento internacional podría perfectamente operar en el caso chileno.
“Lo que buscamos es que se indague la existencia de ataques generalizados o sistemáticos de carácter grave cometidos por agentes del Estado y si se trató de una política de facto”, indicó.
El profesional agregó que existen indicios inequívocos “para sostener que hay un ataque sistematizado”.
“Hay un patrón de conducta de la policía con los manifestantes que se ha concretado desde que se inició el estallido social. En distintos puntos del país hay medios similares medios usados, situaciones similares de personas, con lesiones equivalentes a pesar de que sea en lugares y momentos diversos”, relató.
Este texto, revelado por BioBioChile, indica que se pide que declare en calidad de testigo a la ex presidenta Michelle Bachelet, así como también al contralor Jorge Bermúdez, los presidentes de ambas cámaras, el defensor nacional Andrés Mahnke y el director nacional del INDH, Sergio Micco, entre otras autoridades.
En el caso de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH., se le solicitan detalles sobre el informe realizado por el equipo de la Oficina de DD.HH. de la ONU, el cual dio cuenta de “violaciones graves a los derechos humanos” en el contexto de las protestas.
Asimismo, deberá informar “si sostuvo alguna reunión o comunicación con autoridades de gobierno, donde se haya tratado la existencia de atentados cometidos por agentes del Estado (…) y en su caso, el tenor de tales reuniones o comunicaciones“.
En cuanto al contralor Jorge Bermúdez, el abogado pide que revele aspectos similares a los señalados anteriormente, además de informar sobre las investigaciones que persigue el ente fiscalizador en relación a la actuación de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, en el contexto de las manifestaciones tras el 18 de octubre, explica CNN Chile.
Dicha petición al contralor tiene como objeto “verificar o descartar el conocimiento de los miembros de la autoridad civil, en especial del presidente, ministro del Interior, así como del Director General de Carabineros y del Comandante en jefe del Ejército, sobre ataques de agentes del Estado a la población civil“, de acuerdo a lo señalado en el escrito.
Asimismo, se pide que se remita al Ministerio Público el estudio desarrollado por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile, el cual identificó que solo el 20 por ciento de los perdigones usados por Carabineros contenían goma y el 80 por ciento restante estaba compuesto por plomo, silicio y bario.
De aceptar estas diligencias, deberán prestar declaración el presidente Piñera y autoridades de las carteras de Interior, Justicia y Salud, la Defensoría de la Niñez, el Colegio Médico, el INDH, la Cruz Roja y la Intendencia Metropolitana, entre otras entidades.
Según explicó el abogado designado para representar la querella contra Piñera, estas diligencias tienen como finalidad que la Fiscalía Centro Norte realice una “investigación penal efectiva”.
A la vez, señaló que si la investigación no llega a buen puerto, a pesar de las evidencias, existe la posibilidad de elevar los antecedentes a la Corte Penal Internacional. Esto es posible, debido a que Chile suscribió el Estatuto de Roma en el 2009, el cual reconoce la competencia de la CPI en materia de crímenes de lesa humanidad.
“Lo que buscamos es que se indague la existencia de ataques generalizados o sistemáticos de carácter grave cometidos por agentes del Estado y si se trató de una política de facto”, señaló Daza al respecto.
