En el sexenio de Enrique Peña Nieto, entre los años 2014 a 2018, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pagó 320.9 millones de pesos a 133 empresas fantasma quienes supuestamente vendieron ventiladores, uniformes y medicamentos. Sin embargo, esto representó un desfalco ya que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), determinó que las operaciones fueron simuladas porque las empresas no contaban con la infraestructura ni los empleados para llevarse a cabo.
De acuerdo con una investigación del diario “El Universal”, la mayor parte de los recursos se utilizaron a una supuesta compra de al menos 15 ventiladores 250 mil uniformes quirurjicos, 80 mil 377 batas para aislamiento, 114 mil 746 colchas y sábanas para camas hospitalarias, así como cientos de equipos médicos, instrumental quirúrgico y miles de artículos como agujas, grasas y medicinas.
En este sentido, los datos reflejados se obtuvieron gracias a un comunicado de Impunidad Cero y Justicia Justa en el estudio de Facturas falsas en el sector salud, además de la investigación en la página Compranet y el portal de compras del IMSS, en donde se encontraron contratos a 133 proveedores, que el SAT señaló como empresas fantasmas.
El pasado mes de marzo, Impunidad Cero y Justicia Justa dio a conocer que de 2014 a 2018; años en los que estuvieron a cargo del IMSS, José Antonio González Anaya (2012-2016), Mikel Arriola (2016-2017) y Tuffic Miguel (2017-2018); el Sector Salud tanto el federal como el estatal desviaron 4 mil 179 millones de pesos a estas 133 empresas, lo que representó la segunda institución con el mayor desfalco del sexenio peñista.
Asimismo, luego de realizar la revisión a los contratos de las compras que el IMSS realizó, se encontró que efectivamente una parte de los recursos se usó para la supuesta adquisición de insumos, que cabe destacar hoy son necesarios para enfrentar la pandemia de Covid-19.
Según la investigación, la empresa “Interacción Biomédica” recibió 4.7 millones de pesos por un contrato que ganó el proceso de licitación y que fue firmado el 28 de noviembre de 2017, por la supuesta adquisición de nueve ventiladores pediátrico-adulto-neonatal.
El fallo, determinó que cada ventilador con especificaciones de “equipo electromecánico controlado por microprocesador y soporte de vida para apoyo ventilatorio”, tuvo un costo de 532 mil 652 pesos; y que dicha compra fue hecha por la entidad de Tamaulipas. No obstante, cuatro meses después de la firma del contrato, la empresa apareció en el Diario Oficial de la Federación, “señalada de forma definitiva” por parte del SAT, como empresa fantasma.
En tanto, “el SAT, al incluirla en el listado de empresas definitivas significa que previamente el organismo, siguió un procedimiento para que la empresa pudiera aportar pruebas, a fin de esclarecer su situación; sin embargo, ésta no logró desvirtuar las acusaciones”.
“Lo que se resume en que la empresa emitió comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios, producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”, así se muestra en la investigación.
Pero eso no fue todo pues, un año después, se le volvió a otorgar otro contrato por 2.3 millones de pesos, destinados a surtir a la delegación del instituto en Michoacán de gasas, jeringas, algodón, catéteres, termómetros, jabones, antisépticos, vendas y tubos para recolección de sangre. Y entre 2017 y 2018, los datos arrojaron que “Interacción Biomédica” vendió al IMSS más ventiladores y equipo médico para el área de urgencias por 10.7 millones de pesos, entre el que había cunas de calor radiante, electromiógrafos y monitores de signos vitales.
Esta misma compañía, también celebró contratos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otros organismos de salud estatales, como el del Estado de México, al que le vendió mil 474 millones de pesos.
Por otra parte, los datos de la investigación señalan que otra de las empresas fantasmas es “Tradeco Urbana”, la cual es filial de Grupo Tradeco, uno de los consorcios más beneficiados en el gobierno de Felipe Calderón y que estuvo a cargo de importantes obras, como la construcción del Puente Baluarte Bicentenario, el más alto de Latinoamérica.
A finales de 2013, Tradeco Infraestructura en conjunto con Tradeco Urbana, ganó un contrato por 447.6 millones de pesos para la construcción de un hospital en Aguascalientes, pero ante al retraso en la obra, en octubre de 2015 el IMSS le revocó el contrato y encargó la obra a otra empresa. Sin embargo, las cifras reflejan que entre los años 2014 y 2015, el IMSS le pagó 147 millones de pesos a Tradeco por los incipientes trabajos en el hospital de Aguascalientes, pero para octubre de 2017 el SAT determinó de forma definitiva que Tradeco Urbana había emitido comprobantes fiscales, entre ellos los del IMSS, que ampararon operaciones inexistentes.
Para el área de insumos médicos, el IMSS destinó 7.2 millones de pesos a diversas empresas, en donde las facturas que expidieron terminaron siendo inválidas, así como también, destinó 3.5 millones de pesos para una supuesta compra de medicamentos y material de curación. Asimismo, se desviaron 33.1 millones de pesos que serían para la compra de ropa hospitalaria y 21.7 millones de pesos para adquirir colchas y sábanas para camas, y tres millones para abastecerse de colchones y colchonetas.
En este sentido, mayor beneficiaria fue la empresa “Hinfra”, a la que el IMSS le pagó 24.7 millones de pesos por uniformes quirúrgicos, así como 11.7 millones para batas de aislamiento en 2017. Sin embargo, un año antes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había advertido que la empresa simuló operaciones con beneficiarios de subsidios, además, está involucrada en un presunto desvío de 12 millones de pesos en Chihuahua, donde también se investiga al exgobernador César Duarte Jáquez. “Hinfra, es la segunda empresa fantasma que más facturó al IMSS, quien vendió al instituto insumos por más de 60 millones de pesos.
Además, el IMSS, desvió a diversas empresas que sólo existían en el papel, cerca de 44.6 millones de pesos para supuestos trabajos de mantenimiento a sus instalaciones hospitalarias y de conservación a su infraestructura. De esta revisión de contratos, las empresas fantasma, pertenecían al menos a 61 personas físicas y morales, de quienes no se encontró rastro en los portales de compra.
