El pasado 6 de junio, el cuerpo de Antonio Montes Enríquez, líder indígena de la comunidad “Bosques de San Elías Repechique”; hasta el momento no existe una línea de investigación clara sobre el crimen.
El cuerpo del activista se localizó en la salida del poblado de Creel que va en dirección al lago de Arareco. Vestía pantalón negro, camisa azul a cuadros y zapatos de trabajo color negro.
Para Mónica Gretel Ruiz Anchondo, que se presenta como apoderada legal de esa comunidad indígena y asesora de Antonio, se trata de un crimen de Estado, debido a que Antonio había planeado una protesta días antes de su homicidio en las instalaciones del aeropuerto de Creel.
La intención de la manifestación era acusar un presunto mal uso del fideicomiso creado en 2016 para indemnizar a los pobladores por no haberlos consultado sobre esa obra de infraestructura comenzada en la administración de César Duarte.
Antonio, de 43 años de edad, ya había sido baleado y a principios de 2020 le quemaron su vivienda en el poblado de Creel, dijo Ruiz Anchondo.
Además, el activista se oponía a la tala ilegal alentada por el crimen organizado en la región y rechazó la construcción del aeropuerto de Creel hace más de cuatro años, según retrata La Jornada.
La comunidad de Bosques de San Elías Repechique está integrada por 403 personas pertenecientes a 132 familias de indígenas que viven en 33 rancherías, en una superficie de 11 mil 300 hectáreas, pero quienes ejercen el derecho de posesión ante el Registro Agrario Nacional son pequeños propietarios mestizos que nunca han vivido en ese lugar.
La Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas sólo reconoce como beneficiarios del fideicomiso a los habitantes rarámuris que firmaron el amparo contra la construcción de la pista, el cual derivó en una sentencia emitida el 27 de noviembre de 2014 por el juez octavo, Ignacio Cuenca Zamora.
En la nota de La Jornada, firmada por R. Villalpando y J. Estrada, en la sentencia del amparo 422/2014 obligó a crear el Fideicomiso Bosques de San Elías Repechique, al cual los indígenas han accedido en forma comunitaria y han utilizado para la construcción de un salón de usos múltiples, procesos de auditoría comunitaria en materia ambiental y una cooperativa de mujeres artesanas, entre otras necesidades.
El 28 de septiembre de 2016, el Congreso del estado publicó en el Diario Oficial el decreto que formalizó la conformación del fondo con 65 millones de pesos y ordena depósitos anuales de 8 millones 267 mil pesos y uno final en 2021, de 12 millones.
Posteriormente, el comité técnico del fideicomiso recurrió a argucias legales por años para que los indígenas que encabezaba Antonio no pudieran acceder a dichos recursos, dijo Ruiz Anchondo.
Montes Enríquez participaba en la disputa legal para tener acceso a los recursos que dicha comunidad recibió en 2014 por la construcción del aeropuerto.
Ruiz Anchondo recordó que hace tres meses los inconformes tomaron el aeropuerto para reclamar el fideicomiso, sin llegar a un acuerdo. Se tenía programada una nueva protesta, en la cual se denunciaría un presunto mal uso del fideicomiso para indemnizar a los pobladores y porque la obra, iniciada en la administración de César Duarte Jáquez, no se sometió a consulta.
Con información de La Jornada.
