Como ya se había previsto en semanas anteriores, Javier Corral, mandatario local de Chihuahua, informó que los 10 gobernadores pertenecientes a la Alianza Federalista abandonarán la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) por la falta de diálogo y colaboración efectiva con el el gobierno federal.
Este anuncio se traduce en que Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes (PAN); Javier Corral de Chihuahua (PAN); Francisco Cabeza de Vaca de Tamaulipas (PAN); José Rosas Aispuro Torres de Durango (PAN); Enrique Alfaro de Jalisco, abanderado de Movimiento Ciudadano (MC); Silvano Aureoles Conejo de Michoacán por el Partido de la Revolución Democrática (PRD); Ignacio Peralta de Colima por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); Miguel Riquelme Solís de Coahuila (PRI); el independiente Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León; y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de Guanajuato (PAN) abandonaron la Conago para definir y promover su propia agenda política.
Sin embargo, aunque estos personajes buscan ser una mejor opción para el país a algunos de ellos les persiguen críticas o señalamientos que pondrían en duda incluso ostentar el cargo de gobernador.
En el caso del panista, Francisco Cabeza de Vaca, se dio a conocer hace unas semanas que es investigado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Fiscalía General de la República, por presuntas operaciones con recursos ilícitos provenientes del narcotráfico.
La razón es que se habría favorecido de presuntas ganancias del crimen organizado; esto se habría sabido tras 10 meses de seguimiento al gobernador y la obtención de evidencias (telefónicas) en poder de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), y la Unidad de Inteligencia Financiera, que contribuyó con pruebas contra Cabeza de Vaca por enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y defraudación fiscal.
En el caso de otro panista, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que gobierna Guanajuato, ha sido criticado por asociaciones civiles como A Tu Encuentro y Sembrando Comunidad, por una carente estrategia de búsqueda de desaparecidos y protección a víctimas; asimismo, se le ha cuestionado el apoyo al Fiscal del Estado, Carlos Zamarripa, quien ha sido acusado por policías locales de tener vínculos con el crimen organizado.
Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, fue señalado desde el Congreso Local de su entidad por utilizar recursos públicos para conseguir el registro como candidato presidencial.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el procedimiento con el que el Congreso de Nuevo León intentó sancionarlo por irregularidades detectadas al recolectar firmas durante su fallida carrera a la presidencia.
Asimismo, en lo que va de la administración de “El Bronco”, el 93% del ejercicio de fiscalización de la cuenta pública aún presenta observaciones no solventadas, lo cual equivale a unos 20 mil millones de pesos.
Al parecer las irregularidades se dieron desde el comienzo de su gestión. El gobierno de Jaime Rodríguez arrastra observaciones no comprobadas de las cuentas públicas de 2015 al 2018, que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), incluida una más de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del 2019.
El gobierno de Jaime Rodríguez, sólo ha solventado cerca de mil 300 millones, por lo que aún quedan sin comprobar y sin conocer su destino más de 19 mil 800 millones.
En el caso de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, han surgido varias polémicas en cuanto a su gestión de la pandemia por el Covid-19, sobre todo en cuanto a las fuertes sanciones por el uso de cubrebocas, por las cuales se ha acusado de abuso policial a las autoridades estatales.
En tanto, Alfaro, también despertó sospechas incluso de golpismo luego de un fuerte mensaje en el que acusó al gobierno federal de orquestar manifestaciones en su estado, que atendían al asesinato de un trabajador de la construcción por parte de policías; en adhesión, una filtración de un audio sumó al tema, cuando el comunicador Pedro Ferriz de Con miraba en el mandatario de Jalisco un prospecto para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, en caso de lograr derrocarlo.
Como único gobernador que le queda al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el país, Silvano Aureoles Conejo encabezó en 2019 la lista de los peor evaluados, según la Consulta Mitofsky.
La encuesta evalúa el desempeño de los 32 mandatarios del país en seguridad, percepción económica, situación personal y corrupción, siendo esta última categoría en la que con peores indicadores resultó el mandatario estatal.
El gobernador también fue el peor calificado por una encuesta nacional de El Economista, en la que apenas logró una aprobación del 14.7%, según la información presentada por el diario nacional en enero del 2020.
Por parte del mandatario de Colima, Ignacio Peralta, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del estado (Osafig) revelaron a inicios de este años, que la administración deberá aclarar más de cuatro mil 513.2 millones de pesos de recurso federal y 190 millones de recurso estatal.
En la fiscalización del gasto federalizado, reportado por la ASF en la tercera entrega de la Cuenta Pública 2018, se detectó que el mayor probable daño fue en el ejercicio de las participaciones federales, así como recursos para educación.
En el caso de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, la ASF observó 75 por ciento del total que el gobierno federal transfirió a Colima, pues el monto por aclarar es de tres mil 501 millones 739 mil 961.74 pesos, de un universo de cuatro mil 617 millones 354 mil 300 pesos.
De éstos, 97.5 por ciento fue por no presentar información contractual de proveedores y contratistas; 2.4 por ciento, por falta de documentación comprobatoria que acreditó el ejercicio del gasto de 10 ejecutores; y el resto por no amortizar la totalidad del anticipo otorgado para la ejecución de una obra.
