Este viernes se vota en el Congreso peruano la moción de “vacancia presidencial” tras la publicación de audios que relacionarían a Vizcarra con un caso de corrupción. Pero el Tribunal Constitucional podría evitarlo.
El escándalo político que provocó una nueva crisis en Perú, además de la sanitaria y económica desatada por la pandemia del coronavirus, estalló el jueves pasado después de que en el Parlamento se presentaran audios en los que se escucha al presidente peruano, Martín Vizcarra, coordinar con sus asesoras las respuestas frente a los cuestionamientos por las visitas de un polémico cantante, Richard Cisneros, a la sede del Ejecutivo. De inmediato, el Congreso inició una moción para destituir al mandatario por “incapacidad moral”, que será votada este viernes.
En los audios se discutía sobre la controversia generada por la contratación del cantante, también conocido como “Richard Swing”, quién habría recibido 50.000 dólares para brindar conferencias motivacionales a funcionarios del Ministerio de Cultura para lo que, aparentemente, no estaba capacitado.
Karem Roca, asistente del despacho presidencial y autora de las grabaciones, ya fue separada de su cargo. La segunda protagonista de la interceptación, Mirian Morales, asesora de la Secretaria General de Gobierno, ofreció su renuncia. En las conversaciones, esta última recomendaba al presidente “negar hasta el final” las visitas de Cisneros al Palacio de Gobierno. Algo que, efectivamente en su momento, Vizcarra hizo.
“Tengo que lamentar profundamente y pedir disculpas porque una persona del despacho presidencial, en quien confiaba, no desde ahora sino desde años atrás, ha generado estos dichos que alimentan el chisme y el morbo”, dijo el presidente Martín Vizcarra el lunes en un mensaje a la nación televisado, en el que también acusó al presidente del Parlamento, Manuel Merino, de una “conspiración” en su contra.
Sin embargo, el juicio político abierto en el Congreso contra Vizcarra parece perder fuerza, después de que distintos partidos anunciaron que no apoyarán más la moción de vacancia. “Hay ciertas grietas y vacíos en el artículo 113, inciso 2, de la Constitución, que dice que se vaca a un presidente por incapacidad física o moral permanente. Los congresistas interpretan que el presidente ha mentido, de modo que está incapacitado moralmente para seguir en el cargo. Algo que es un despropósito increíble. Diferentes partidos ya han anunciado que votarán en contra. Por eso no creo que el presidente sea destituido”, señala en entrevista con DW Fernando Tuesta, politólogo de la Universidad Católica de Perú (PUCP).
A siete meses de que se realicen elecciones generales y a nueve meses de que Vizcarra deje el cargo, Sara Brombart, representante en Lima de la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung, considera que es innecesario este tipo de conflictos entre los dos poderes del Estado: “Este tipo de confrontación es normal en Perú, pero en medio de una pandemia, de la cual Perú es uno de los más afectados a nivel mundial, los esfuerzos deberían estar centrados en la crisis sanitaria. Perú es uno de los países que menos invierte en salud en América Latina y esta pandemia ha destacado todas esas debilidades. Esto es una burla para la gente que a causa del coronavirus sigue enferma, ha perdido a sus familiares o sus trabajos”.
Las acusaciones de conspiración aumentaron el fin de semana, después de que el portal de investigación IDL-Reporteros revelara que el presidente del Congreso, Manuel Merino, del partido Acción Popular, quien asumiría el poder en caso de que Vizcarra sea destituido, llamó a jefes de las Fuerzas Armadas para informarles del proceso de vacancia contra el jefe de Estado antes que este se inicie. Ante esta revelación, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, dijo que su comportamiento no sólo “fue imprudente y fuera de lugar, sino que colisiona con el orden democrático”.
En tanto, gobierno de Perú reveló este miércoles la identidad de las dos personas allegadas al opositor partido Acción Popular (AP) que supuestamente estaban al tanto de un “complot” para destituir al presidente Martín Vizcarra y conformar un nuevo gabinete de ministros “en la sombra”.
El ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, quien ya había dicho durante el fin de semana que dos personas lo habían contactado con propuestas políticas, las identificó hoy como Santiago Arancibia y Huarcaya Clemente, conocidos suyos del partido AP, en el que militó su padre, el también exministro Juan Incháustegui.
Al respecto, Vizcarra aseguró que mientras Perú enfrenta “una de las mayores crisis sanitarias de la historia”, existen “algunos sectores con intereses oscuros que, aprovechándose de la pandemia, buscan subvertir el orden democrático, provocando una crisis política”.
Con información de DW.
