Ciudad de México, 21 de octubre de 2020.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que con la puesta en marcha en 13 entidades del país del proyecto ‘Mujeres por el acceso a la tierra’, se busca que más de 700 mujeres rurales e indígenas que trabajan la tierra sin ser titulares, reciban lo servicios y asesorías necesarias para contar con sus títulos agrarios y ejercer sus derechos agrarios de manera plena, incluida su participación en los organismos de representación.
Mabel Almaguer Torres, directora de Proyectos estratégicos de la Sedatu, detalló que el proyecto es parte de la estrategia ‘Mujeres en el territorio’ impulsado por la secretaría desde el inicio de la administración.
“El proyecto ‘Mujeres por el acceso a la tierra’ promueve los derechos de propiedad y titularidad a favor de mujeres indígenas y rurales a través de conocer las condiciones socioculturales que han impedido el ejercicio pleno de sus derechos a la propiedad y la ejecución de jornadas itinerantes dirigidas exclusivamente a mujeres”, explicó la funcionaria al participar en la conferencia sobre créditos a la palabra.
Es importante señalar que si las mujeres no puedan tener acceso a la tierra, se limita su ejercicio de otros derechos, como su participación en los organismos de representación, poder tener un patrimonio, acceso a crédito o préstamos.
La Sedatu encabeza el proyecto y lo ejecuta en coordinación con diversas dependencias federales; como la Procuraduría Agraria (PA), órgano que realizará jornadas itinerantes de justicia exclusivas para mujeres; el Registro Agrario Nacional (RAN), encargado de redactar las sentencias; los Tribunales Agrarios, quienes llevan la parte jurídica y normativa; así como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), quienes dan un acompañamiento general y brindan información a las mujeres sobre sus derechos, además de los agrarios.
Cabe señalar que de la población en situación de pobreza en general, los hombres representan el 36.7% y las mujeres el 44%.; sin embargo, entre las mujeres indígenas, este porcentaje se dispara hasta 79%; además, 50% de las mujeres indígenas tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar.
“En las brechas de desigualdad en materia de derechos agrarios vemos que del total de ejidatarios y comuneros en el país, 71% son hombres y solamente 29% son mujeres. En términos relativos, se puede decir que las ejidatarias y comuneras son minifundistas, pues sus predios o parcelas son de 5 hectáreas o menos”, abundó Almaguer Torres.
En su intervención, Yolanda Beatriz Vera Castillo, directora general de Apoyo al ordenamiento de la propiedad rural de la PA, subrayó la importancia de que el proyecto coadyuve a disminuir la brecha de desigualdad en el campo entre hombres y mujeres, a partir del reconocimiento de los derechos agrarios.
“A través de las jornadas de justicia itinerantes, irán los representantes de Tribunales Agrarios a los núcleos agrarios, ejidos y comunidades más retirados para apoyarles y evitar que las mujeres eroguen gastos, reducir tiempos y ayudarles a hacer los procedimientos”, explicó.
El proyecto se integra de varias etapas en las que, por ejemplo, se identificará a las mujeres interesadas en promover las acciones jurisdiccionales para obtener la titularidad del derecho, se recopilará la documentación para integrar y elaborar la demanda para promover la acción; se realizará el desahogo de las audiencias -en el marco de la jornada de justicia itinerante- y se emitirá sentencia a favor de la promovente en la que se ordene al RAN la expedición del certificado en forma gratuita.
En una primera etapa, el proyecto tendrá presencia en comunidades de Chiapas, Ciudad de México, Durango, Edomex, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz.
