La Asamblea Plurinacional de Bolivia, con mayoría del Movimiento al Socialismo, aprobó este jueves recomendar un juicio de responsabilidades contra la presidenta interina Jeanine Áñez y sus ministros por los conflictos sociales del año pasado que dejaron una treintena de muertes.
“ALP (Asamblea Legislativa Plurinacional) aprueba informe final sobre las masacres de Senkata y Sacaba que recomienda un juicio de responsabilidades a Áñez y procesos penales a 11 ministros”, dijo el Senado en un comunicado en Twitter.
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ALP aprueba informe final del caso Senkata y Sacaba que recomienda juicio de responsabilidades a Añez y procesos penales a 11 ministros
?? https://t.co/itsZBHenog pic.twitter.com/oMwVzErWUP— Senado de Bolivia (@SenadoBolivia) October 30, 2020
En una sesión conjunta de la Cámara de Diputados y el Senado, las bancadas legislativas aprobaron la medida con dos tercios de sus miembros presentes, luego de que una comisión de investigación entregó su informe recomendando el juicio contra la presidenta interina. También aprobaron “procesos penales contra 11 ministros y exministros por la vulneración de derechos y garantías”, acotó el Senado.
“El informe de la comisión recomienda un juicio de responsabilidades a Añez por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas”, señala el comunicado de la Asamblea.
Y se añade: “A raíz de la renuncia de Morales se procede con la posesión de Jeanine Añez como presidenta transitoria, quien el 14 de noviembre promulga el Decreto Supremo (DS) 4078, para dejar en la impunidad a los miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA), con la finalidad de que los autores de las masacres no puedan ser investigados, juzgados y condenados”.
Asimismo, el informe recomienda juicio ordinario al excomandante departamental de la Policía en Cochabamba, Jaime Zurita; al comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, Alfredo Cuellar; al excomandante departamental de la Policía en La Paz, Iván Rojas; al comandante de Acción Conjunta, Franco Zuares.
Además de un juicio ordinario al excomandante en jefe de las FFAA, Williams Kaliman, por haber autorizado la salida de los militares en los hechos de Ovejuyo y Betanzos; al comandante general de la Policía, Rodolfo Montero y comandante de las FFAA, Sergio Orellana.
También recomienda la destitución de la fiscal Departamental de Potosí, Roxana Choque, por no dar celeridad a las investigaciones de los hechos de Betanzos y exhorta al Tribunal Supremo de Justicia respecto a los plazos de las medidas cautelares, toda vez que transcurrió más de un año y las personas continúan con detención preventiva y domiciliaria.
Una comisión legislativa controlada por el partido Movimiento Al Socialismo (MAS) investigó por varios meses los incidentes registrados en varios puntos del país entre octubre y noviembre de 2019, y presentó el 27 de octubre su informe a poco más de una semana de un cambio de gestión y de la toma posesión del nuevo presidente Luis Arce, también del MAS.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que durante esos incidentes se registraron unas 35 muertes y que los altercados más graves se dieron en el poblado de Sacaba, en la región central de Cochabamba, y en la zona de Senkata, en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.
La presidenta del Senado, Eva Copa, del MAS, explicó que el informe de recomendaciones será remitido a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, para que consideren por separado los procesos. La diputada espera que la aprobación definitiva y final del juicio de responsabilidades recaiga en el próximo Congreso, que comenzará a sesionar la próxima semana, nuevamente con mayoría del MAS. “Se dejará el informe para que la siguiente legislatura tome la decisión si se realiza el juicio de responsabilidades o no”, precisó la jefa parlamentaria a la prensa local.
Por su parte, la canciller Karen Longaric citó la posibilidad del juicio en una nota enviada este jueves a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y a la Organización de Estados Americanos (OEA), para “prevenir prácticas autoritarias en el próximo Gobierno”.
La canciller @KarenLongaric envió notas a la @ONU_es, la @OEA_oficial y la #UE, denunciando las acciones tomadas en la actual Asamblea Legislativa de #Bolivia e invitó a representantes de estos organismos a nuestro país para prevenir prácticas autoritarias en el próximo gobierno. pic.twitter.com/FuLhjx6TXM
— Cancillería de Bolivia (@MRE_Bolivia) October 29, 2020
Después que el 10 de noviembre, Morales renunció a la presidencia y posteriormente se fue asilado a México. Actualmente está refugiado en Argentina y recientemente anunció a principios de noviembre volvería a su país. Poco después de su salida asumió interinamente Áñez en medio de protestas de afines del ex mandatario y posteriores enfrentamientos con las fuerzas del orden en Senkata, un barrio de la ciudad vecina de El Alto, y otros en la región central de Cochabamba que dejaron varios muertos.
La decisión se llevó a cabo horas antes de que asuma la nueva Asamblea Legislativa tras los nuevos comicios del 18 de octubre en los que su ex ministro de Economía, Luis Arce, ganó las elecciones con un 55 por ciento.
