Con el propósito de vigilar el buen cumplimiento de los servicios de salud, la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros sancionó en los últimos 20 días con inhabilitaciones de más de tres años y multas económicas que en total superan los 9 millones de pesos a siete empresas del sector farmacéutico, equipamiento médico, vigilancia, construcción, y servicios administrativos que incumplieron contratos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Se trata de las proveedoras de equipo médico B Braun Aesculap de México, S.A. de C.V. y Medneü Solutions, S.A. de C.V.; la farmacéutica Ragar S.A. de C.V., las constructoras Azteca e Infraestructura de México, S.A. de C.V. y Azteca Construcciones Industriales, S.A. de C.V., que compartieron un contrato; Drive Producciones, S.A. de C.V., proveedora de servicios de reclutamiento, capacitación, bajas y administración de nóminas, y Grupo GOI SP, S.A. de C.V., de servicios de vigilancia.
La secretaria Sandoval Ballesteros afirmó que “los servicios de salud son un derecho que se debe garantizar con profesionalismo y honradez y desde la Función Pública vigilaremos que así sea. Asimismo, invitamos todas aquellas empresas que se rigen con honestidad y honradez, a ser parte de esta nueva dinámica de respeto y coordinación entre el gobierno y el sector empresarial”.
Recordó que la Función Pública construye una nueva relación del gobierno con sector privado, con programas como el Padrón de Integridad Empresarial.
La empresa Medneü Solutions, S.A. de C.V., proveedora de equipo médico, fue objeto de una inhabilitación por 45 meses y una multa por 1 millón 901 mil pesos tras omitir la entrega de jeringas para insulina en los términos acordados con el ISSSTE, con lo que infringió el artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Esta conducta propició, además, un daño económico por 1 millón 817 mil 650 pesos al instituto, monto equivalente al de los equipos que no fueron entregados.
En el caso de la farmacéutica Ragar, S.A. de C.V., la sanción de 45 meses de inhabilitación y multa económica por 1 millón 643 mil pesos se aplicaron luego de una investigación en la que el OIC en el ISSSTE verificó el incumplimiento de un contrato que establecía el canje de medicamento no consumido antes de su caducidad.
Además de violentar el Artículo Cuarto Constitucional, la empresa generó al instituto un daño económico grave por 158 mil pesos y violó el artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Por su parte, las constructoras Azteca e Infraestructura de México, S.A. de C.V., y Azteca Construcciones Industriales, S.A. de C.V., en participación conjunta, retrasaron de manera injustificada trabajos de obra civil en el Hospital de Alta Especialidad “Dr. Manuel Cárdenas de la Vega”, de Culiacán, Sinaloa, por lo que la Función Pública las sancionó, a cada una de ellas, con inhabilitación de 45 meses y multas por 1 millón 901 mil pesos.
A Drive Producciones, S.A. de C.V., dedicada al reclutamiento, capacitación, bajas y administración de nóminas, la Función Pública le impuso una sanción de inhabilitación por 45 meses y multa por 1 millón 901 mil pesos luego de que la empresa presentara facturas falsas para acreditar experiencia en la prestación de esos servicios, con lo que incurrió en violaciones a las Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Por su parte, la empresa Grupo GIrma Eréndira Sandoval BallesterosOI SP, S.A. de C.V., que ofrece servicios de vigilancia, fue sancionada con una inhabilitación de 45 meses y una multa por 1 millón 954 mil pesos por incumplimiento del contrato por el cual debía brindar el servicio de vigilancia en distintas instalaciones del ISSSTE, entre ellas el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y hospitales regionales.
Finalmente, la empresa B Braun Aesculap de México, S.A. de C.V. se hizo acreedora a una sanción de inhabilitación por tres meses y multa de 126 mil 735 pesos, por incumplimiento de contrato para la entrega de equipos fundamental para la atención de las y los derechohabientes del instituto.
Con relación a las acciones de la Función Pública, la secretaria Sandoval Ballesteros consideró que “el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es un patrimonio que pertenece a México y tanto el gobierno como la ciudadanía tenemos la responsabilidad de cuidar y velar por su preservación, junto con las demás instituciones del sector salud, en beneficio de ésta y las generaciones venideras”.
