Entre las funciones de la Secretaría de la Función Pública está la de garantizar que cada persona servidora pública tenga un patrimonio congruente con los ingresos por los encargos que ha desempeñado, por lo cual debe tener un seguimiento cercano a su evolución patrimonial.
En este sentido, a dos años de la presente administración, la dependencia encabezada por Irma Eréndira Sandoval Ballesteros lleva 231 expedientes de responsabilidad vinculados con la situación patrimonial de las personas servidoras públicas de los que 90 se han concluido y se han impuesto 43 inhabilitaciones y 8 destituciones.
Entre ellos, está el caso de un funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) que en la pasada administración estuvo relacionado con el esquema conocido como “Estafa Maestra”, a quien la SFP determinó sancionar con destitución e inhabilitación de 10 años para desempeñar cargos o comisiones en el servicio público.
La titular de la SFP señaló que derivado de un cuidadoso procedimiento administrativo sancionador, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial determinó que el funcionario en cuestión durante los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 omitió declarar dos cuentas bancarias que estaban a nombre de su cónyuge, por la cantidad de 3 millones 261 mil 176.52 pesos.
Es así que quien estuvo a cargo de la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos en Regiones Marinas en el sexenio anterior con Enrique Peña Nieto como presidente, no pudo justificar por qué no reportó los instrumentos bancarios señalados.
“Con dicha conducta, la persona servidora pública que también se desempeñó en la Gerencia de Vinculación Operativa Interregional con Subsidiarias Exploración y Producción en Pemex infringió el artículo 8, fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se encontraba vigente al momento de los hechos”, explicó la Función Pública.
Cabe aclarar que esta resolución deriva de las acciones que desde inicios de la actual administración fueron informadas por la propia secretaría Sandoval Ballesteros en cumplimiento a la instrucción presidencial de investigar a los funcionarios de su gobierno que estuvieron relacionados con el esquema conocido como “Estafa Maestra”.
