El Pleno de la Cámara de Diputados avaló por consenso de 449 votos, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 61 de la Ley de Vivienda a fin de facultar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para contribuir al fortalecimiento de una política de vivienda social.
El documento que fue enviado ante la Cámara Alta, precisa que la Sedatu deberá elaborar anualmente, una estimación fundamentada que determine el monto de recursos federales requeridos para cumplimentar la política de subsidios.
Para su fundamentación, la diputada panista Jacquelina Martínez Juárez señaló que con la reforma la Sedatu realizará todas las acciones y trámites que permitan el cumplimiento eficiente y eficaz de los objetivos y metas de los programas de vivienda. Además, de planear, programar, ejercer y comprobar el presupuesto aprobado y ejercido en coordinación con las unidades administrativas que resulten competentes de la secretaria.
La legisladora agregó que en el Presupuesto de Egresos de este año hubo un aumento de 71 por ciento para los programas que opera dicha secretaría, relacionados con el otorgamiento de subsidios para la vivienda.
También del PAN, Janet Melanie Murillo Chávez comentó que sin importar su condición social, las y los mexicanos tienen el derecho de acceder a una vivienda, lo cual debe ser una prioridad en las políticas públicas del Gobierno. Con esta reforma se podrán garantizar subsidios para que las familias puedan mejorar o ampliar su vivienda.
Por otro lado, durante la sesión semipresencial los legisladores también aprobaron con 448 votos a favor, ceros en contra y dos abstenciones, la incorporación del concepto de “resiliencia” en la Ley de la Vivienda, para generar asentamientos urbanos que, al ser afectados por un fenómeno natural y las edificaciones que lo conforman, regresen a su estado original sin la necesidad de que sean demolidos o sustituidos.
La reforma modifica la fracción XVII del artículo 8 y adiciona una fracción XIII al artículo 4 de la citada ley, y define la resiliencia “como la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, para lograr una mejor protección futura y mejorar las medidas de reducción de riesgos”.
Además, el documento, enviado al Senado para sus efectos constitucionales, cita que la Ciudad de México es vulnerable a sismos y la falta de preparación para enfrentar escenarios de desastre, hace importante desarrollar la resiliencia urbana de las personas para lograr una rápida recuperación.
Agrega que para lograr que la resiliencia se incorpore y ejecute por cada uno de los gobiernos locales, el país debe tomar las medidas necesarias en materia de reglamentación en planeación urbana y construcción, porque en gran medida los daños materiales y pérdidas humanas que se suscitan por un fenómeno natural son resultado de la falta de planeación urbana.
Para su fundamentación, la diputada Lucía Flores Olivo aseguró que esto permitirá que las construcciones de viviendas sean adecuadas al entorno en donde se desarrollen y tengan la posibilidad de soportar las adversidades del entorno geográfico. “La reforma está acorde con la agenda 20-30 para el desarrollo sostenible, que se establece en el objetivo 11, denominado “comunidades y ciudades sostenibles”, indicó.
