En el Parlamento Abierto “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica”, diputadas y diputados externaron comentarios sobre el documento que el pasado 1 de febrero el titular del Ejecutivo Federal remitió a la Cámara de Diputados.
Al inaugurar el Parlamento Abierto, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, diputado Ignacio Mier Velazco, señaló que la iniciativa preferente es ampliamente coincidente con el mandato constitucional y afirmó que el mercado eléctrico tiene que ser equitativo, justo, sin discriminación, apegado a la ley y, sobre todo, evitar afectar la economía nacional.
Con la ley vigente, afirmó, se fomenta el subsidio disfrazado. “Queremos una electricidad abundante, de bajo costo, que cuide el medio ambiente, y que el sistema de planeación sea regido como lo establece la Constitución por el Estado mexicano, que siga siendo de uso estratégico para el país y de seguridad nacional la industria eléctrica”.
Añadió que el propósito del Parlamento Abierto es tener un diagnóstico y ayudar a revisar qué se ha hecho con relación a la capacidad instalada y al otorgamiento de permisos; saber por qué hay regiones que son superavitarias, el noroeste y el este; por qué razón las penínsulas de Baja California y de Yucatán son deficitarias, y por qué no hay inversión en interconectividad.
Mencionó que la reforma beneficiará a las y los mexicanos, no sólo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a los mercados. “No queremos privilegiar a la CFE, sino que compita en condiciones de equidad y de libre mercado; que los costos de producción se conviertan en costos unitarios; queremos que haya un reconocimiento y que se hagan a un lado los lineamientos que no reconocen a la energía limpia producida por la Comisión”
El presidente de la Comisión de Energía, diputado Manuel Rodríguez González (Morena), expresó que la iniciativa deberá dictaminarse en un plazo no mayor a 30 días, y la finalidad de este parlamento es tener los mejores elementos de análisis para legislar en beneficio de los usuarios, “quienes son los que merecen gozar de un servicio eléctrico confiable, seguro y permanente, a precios razonables”.
Indicó que abordar e incidir en el sector energético desde el ámbito legislativo, exige colaboración y trabajo coordinado. Precisó que desde la instancia legislativa “se ha coadyuvado en la instrumentación de la nueva política energética que enarbola el Presidente López Obrador y que ha colocado al sector como una de las palancas estratégicas para el desarrollo de México”.
Dicha colaboración, dijo, es producto de la necesidad apremiante de enfrentar y resolver los grandes problemas nacionales del Siglo XXI, que se gestaron en los últimos años y que, en el caso particular del sector energético, requiere de todos los actores involucrados acciones urgentes, racionales y contundentes.
La nueva política energética que se instrumenta, añadió, parte de un diagnóstico ajeno a cualquier sesgo de tipo ideológico. Además, el papel que juega el Poder Legislativo en todo el entramado de la planeación nacional, así como en las acciones programadas para coadyuvar en la ejecución de la política pública del ámbito energético, es determinante.
El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) afirmó que su fracción parlamentaria respalda la iniciativa preferente porque no pretende sacar a las empresas extranjeras del mercado nacional ni desalentar la inversión; al contrario, se generará una competencia más equilibrada.
Consideró que “lo que estará en controversia en estos días son dos posiciones: la nacionalista, que busca la soberanía energética y pone en el centro los intereses del pueblo, y otra que está financiada por las empresas extranjeras”.
Por su parte, el diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del grupo parlamentario del PAN, afirmó que como Cámara de origen se tiene que ver con suma responsabilidad este ejercicio. Hoy lo que se necesita es fortalecer a la industria y para ello se requiere innovación, mejores prácticas y mirada de vanguardia.
Consideró que se tienen que ver los costos sociales, económicos y políticos. “No queremos una reforma que atente contra la economía de las familias, que vulnere la certeza jurídica y el crecimiento económico.
